Derechos Humanos pide un defensor judicial para velar por los intereses de los menores extranjeros

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) reclamó ayer cambios en la asistencia a los menores extranjeros no acompañados que emigran a España para garantizar que se cumplen las leyes que protegen los derechos de la infancia. El sistema de protección andaluz atiende actualmente a 720 menores (2 nigerianos y el resto marroquíes), lo que según la organización evidencia que no hay saturación en los centros. La asociación mostró su rechazo a las "repatriaciones" de menores y exigió la creación de un defensor judicial que ejerza de portavoz de los intereses de los menores.

Antes de presentar un informe sobre menores extranjeros no acompañados en Andalucía titulado Entre la represión y la protección, los representantes de la APDHA se entrevistaron con la directora general de Infancia y Familias, Carmen Belinchón, para mostrarle su rechazo a la "repatriación" de menores y conocer de primera mano las directrices de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social en este campo. El coordinador de la asociación, Rafael Lara, admitió que habían salido de la reunión más satisfechos de lo que entraron: "La repatriación es un concepto de emigración, y nos han dicho que en ningún caso habrá repatriaciones, ni reagrupaciones familiares sin garantías, que en ningún caso van a dejar tirado a un menor en el puerto de Tánger".

La Dirección General de Infancia y Familias ultima con la Agencia de Cooperación Internacional un proyecto de reagrupación familiar en el Magreb, que estará dotado con un mínimo de 18 millones de euros. Un portavoz de la consejería explicó que se había invitado a participar a la organización en este proyecto, que trabajará la "prevención" para frenar los deseos de emigrar de los jóvenes y la reagrupación para darles garantías.

Sólo el 10% de los menores marroquíes que cruzan el Estrecho clandestinamente se pueden considerar niños de la calle. El 50% de los menores que emigran procede de familias estables, aunque con problemas económicos en la mayoría de los casos. Son datos de una investigación de la antropóloga Mercedes Jiménez, incorporados al estudio que presentó ayer la APDHA. "Emigran por la pobreza, la miseria, la falta de protección a la infancia y una situación política de fuerte contenido represivo", indicó Brigitte Espuche, coordinadora del trabajo. Pero también, agregó, incitan al éxodo el mito migratorio que alimenta una comunicación globalizada y la figura de los emigrantes retornados que han prosperado. "En Marruecos no hay protección a la infancia, los orfanatos están llenos y en condiciones infrahumanas, tienen que invertir en políticas para su juventud", reclamó. La vicecoordinadora de la asociación, Ester Muñoz, incidió sobre la falta de garantías de los menores que emigran por la "tensión entre las políticas de los derechos de protección y políticas de control de inmigración". La asociación reclamó la creación de una figura específica, un defensor judicial, que se erija en "un portavoz del niño, independiente de la administración". La tardanza en la tramitación del permiso de residencia por parte del Ministerio del Interior y la escasez de traductores y mediadores para garantizar que los niños reciben "la información suficiente" son otras de las quejas del informe.