Las universidades fichan a profesores estables sin estatus de funcionario

Las universidades catalanas están contratando a profesores estables no funcionarios. Aprovechando la ley estatal de universidades, lo que empezó como una idea que el ex consejero y catedrático Andreu Mas-Collell se trajo tras su paso por varias universidades norteamericanas, empieza a dar frutos. Las universidades públicas ya tienen 149 catedráticos y agregados -estos últimos equivalentes a titulares- fijos, pero no funcionarios. Para final de año está previsto contratar a otros 126 profesores fijos y llegar a 275.

Los sindicatos esperan cerrar en un mes el primer convenio para 6.000 contratados

Mientras que las plantillas de profesores estables por la vía funcionarial han crecido a ritmo lento, las siete universidades públicas catalanas han decidido incorporar a este tipo de docentes con contrato laboral indefinido. Las cuatro mayores universidades -Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad Pompeu Fabra- han hecho la mayoría de estos contratos fijos. Pero otras más pequeñas como las de Girona y Lleida, así como la Rovira i Virgili también han aprovechado esta posibilidad legal (véase el cuadro).

La inmensa mayoría de estos profesores son agregados. "Su sueldo anual es similar al de los funcionarios", dice el subdirector general de Universidades de la Generalitat, Pere Torra. Actualmente, el sueldo anual de los catedráticos ronda los 39.000 euros al año y el de los profesores titulares, los 31.000. En estas cantidades no están incluidos los trienios de antigüedad ni los pluses de productividad que constan de quinquenios docentes y sexenios de investigación.

A diferencia de los profesores funcionarios que forman parte de un cuerpo estatal, a estos docentes los contratan las universidades, aunque la Generalitat subvenciona el 50% de su sueldo bruto. El Gobierno catalán paga también los complementos personales que se les asignan tras la evaluación que mide sus méritos docentes y de investigación, y la cuota a la Seguridad Social, afirma Josep Ribas, coordinador de la inspección universitaria del Departamento de Educación y Universidades.

El modelo de financiación del salario de estos profesores por el Gobierno catalán no gusta al Ministerio de Administraciones Públicas. Este ministerio recurrió contra este sistema ante el Tribunal Constitucional en 2001, cuando gobernaba el PP, y "en estos momentos no está previsto retirar el recurso", afirma un portavoz del mismo.

La selección de estos docentes se rige por criterios de profesionalidad similares a los que se siguen con los funcionarios. Estos catedráticos o agregados no funcionarios deben ser doctores y acreditar un mínimo de tres años de docencia o de investigación. Para optar a catedrático se exige haber efectuado "una investigación avanzada" o una "acreditación de investigación", en el caso de los agregados, según la ley catalana de universidades. Las acreditaciones las otorga una agencia ligada al Gobierno de la Generalitat.

La contratación de este profesorado se realiza a través del programa Jaume Serra Húnter, que lleva el nombre del historiador que fue rector de la Universidad de Barcelona en la época republicana. Las universidades, a través de su consejo social, otorgan a estos docentes un complemento vinculado a la persona.

La mayor parte de estos profesores estaban en precario y han logrado asentar su empleo por la vía de la contratación indefinida. Una pequeña parte han pasado de titulares a catedráticos no funcionarios.

El sindicato Comisiones Obreras defiende esta vía de incorporación de profesores porque en el futuro sus condiciones laborales se decidirán en la negociación colectiva, como ocurre en las empresas, dice Sergi Fillet. UGT defiende la vía funcionarial, pero "una vez creada la otra vía estamos negociando el primer convenio colectivo para estos docentes", asegura Pepa Sánchez.

Sus condiciones laborales están ligadas ahora a decretos de la Generalitat como en el caso del resto de profesores. Los sindicatos esperan firmar el próximo mes con las universidades el primer convenio colectivo para 6.000 docentes con contrato laboral, la mayor parte de los cuales son profesores asociados, pero también agregados y catedráticos no funcionarios.

La flexibilidad laboral de estos profesores es otra de sus características. Se rigen por un contrato laboral y su trabajo no está limitado a impartir asignaturas adscritas a su ámbito de conocimiento, sino que "en un momento cambiante del conocimiento es anacrónico asignar unas disciplinas a unas áreas de conocimiento concretas que limitan su asignación a profesores adscritos sólo en estas mismas áreas", señala Josep Ribas, coordinador de la inspección universitaria de la Generalitat.

El plan de apoyo a las universidades fue concebido por la Generalitat hace tres años y prevé que éstas puedan contratar hasta 1.200 profesores fijos no funcionarios en 12 años. Durante los cuatro primeros años del plan se prevé llegar a contratar hasta a 400 docentes fijos no funcionarios. Pese a su crecimiento, estos docentes son pocos en relación con los 5.400 catedráticos y titulares que tienen las universidades catalanas y con los más de 13.400 docentes universitarios, si se incluye al resto de profesores.