El Tribunal de Cuentas critica al Gobierno por no declarar retribuciones de los funcionarios

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha reprochado al Gobierno que no incluya a efectos del IRPF las cantidades que paga por los seguros de vida y accidentes no laborales que ha suscrito a favor de sus empleados. De esa forma, los funcionarios se benefician de un seguro de vida gratis y sin ninguna carga fiscal, ya que el Ejecutivo no practica ninguna retención en sus nóminas por ese concepto y las haciendas forales se quedan sin esos ingresos. El tribunal ha criticado en informes anteriores a las tres diputaciones por este mismo incumplimiento fiscal.

El reproche del órgano fiscalizador figura en el informe sobre la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente a 2004, difundido ayer. Las normas reguladoras del IRPF establecen que constituyen retribuciones en especie la utilización para fines particulares de bienes y servicios de forma gratuita o por un precio inferior al normal del mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. Como tales retribuciones en especie, el Ejecutivo vasco no ha declarado a efectos de IRPF el coste imputable a los seguros de vida y accidentes no laborales de sus empleados. Con esta fórmula, los trabajadores hacen una declaración a Hacienda por menos ingresos de los que en realidad perciben, aunque sea en especie.

En sus alegaciones, el Gobierno explica que los seguros contratados cuyos beneficiarios sean los trabajadores no tienen un único tratamiento tributario, sino que depende de las características específicas de las pólizas. El Ejecutivo resalta que sus seguros cubren las contingencias de invalidez y fallecimiento de sus empleados y tienen la consideración de un sistema de previsión social alternativo a los planes de pensiones y no deben ser "obligatoriamente imputados como retribución en especie del trabajo". "La imputación fiscal", añade, "requiere que el contrato de seguro permita su disposición anticipada", algo que no ocurre con las primas que paga el Ejecutivo.

El tribunal lanza también en su informe una crítica al Gobierno por su continuada resistencia a remitir al Parlamento los proyectos de ley de liquidación de los presupuestos con periodicidad anual, tal y como estipula la ley. El Ejecutivo no ha remitido la información relativa a la liquidación de los presupuestos desde el año 1998. Se trata del segundo aviso en esta dirección después de que el órgano auditor lo incluyese ya en informe correspondiente a 2003 tras la polémica suscitada por el incumplimiento de dicho mandato.

Vacío legal

El tribunal admite que la ley no prevé un plazo para el cumplimiento de su mandato, es decir, para remitir los proyectos, pero considera que el Gobierno "no debe escudarse" en este vacío legal y remitir anualmente "el obligatorio proyecto de ley en el plazo más breve posible".

La finalidad de remitir estos proyectos con las liquidaciones es que el Parlamento, que es el que aprueba en su momento los presupuestos, pueda conocer el grado de cumplimiento o desviación de las cuentas. Además, la oposición estaría en condiciones de controlar la ejecución presupuestaria. Los socialistas incluso han llegado a acusar al Ejecutivo de "esconder" datos esenciales para el control parlamentario.

El Gabinete replica que cumple "escrupulosamente" con la ley, ya que la normativa no fija "ni modos ni plazos" para mandar la liquidación. Entiende que en el proyecto de presupuestos que remite cada mes de octubre a la Cámara ya se incluye una especie de "preliquidación" del ejercicio anterior y un avance de las cuentas que se encuentran en curso. A diferencia de lo que piensa el Gobierno, la oposición considera que la inexistencia de plazos no es razón para acumular un retraso de ocho años.

Con relación a la contratación administrativa de obras, el tribunal aprecia varios incumplimientos de legalidad, que afectan, sobre todo, al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Es el caso de una modificación de contrato que supuso un incremento del 96% del precio de licitación y que, según la memoria de dicho cambio, se debió a imprevisiones del proyecto. Esta modificación supone una alteración "muy importante" del objeto del contrato, por lo que debería haber sido rescindido. Los expedientes de construcción de 140 viviendas, por una parte, y 70 más, por otra, en la bilbaína Mina del Morro sufrieron sendas modificaciones que, unidas a otras anteriores, supusieron unos incrementos totales del 46% y el 30%, respectivamente. Y todo ello sin que constase el preceptivo informe de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno.