Los partidos gastan 51 millones en México en campañas de descrédito

La televisión se queda con la mayor parte del pastel publicitario de la millonaria campaña electoral mexicana. Las dos grandes cadenas -Televisa y TV Azteca- captan el 82% de la inversión de las candidaturas y el 71% de todo el gasto acumulado de los partidos, según cifras oficiales. La mitad de los 729,5 millones de pesos (unos 51 millones de euros) que han gastado desde enero, cuando comenzó la campaña electoral, ha servido para financiar anuncios publicitarios de las llamadas "campañas negativas" o guerra sucia, destinados a descalificar al contrario más que a presentar propuestas.

Las candidaturas de las tres grandes formaciones políticas -Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)- están inmersas en una contienda mediática desenfrenada, que ha obligado a intervenir en algún caso a la Justicia electoral. Felipe Calderón, del PAN (conservador), ha repetido hasta la saciedad que Andrés Manuel López Obrador, del PRD (izquierda) es un peligro para México. Éste llama mentiroso al candidato panista, y le acusa de tráfico de influencias a favor de un cuñado. Las descalificaciones son interminables en una guerra de anuncios televisivos, en los que una voz en off dibuja escenarios apocalípticos en el caso de ganar el adversario.

Las elecciones del próximo 2 de julio le costarán al Estado mexicano más de 16.000 millones de pesos (1.120 millones de euros), de los que 5.000 millones se destinan a los partidos políticos y una cantidad similar a sostener el tremendo aparato burocrático del Instituto Federal Electoral (IFE), cuya plantilla se multiplica en periodo electoral, con la contratación de 40.000 trabajadores eventuales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto que ronda los 800 millones anuales Los 32 entes estatales de la federación tienen otros tantos institutos electorales, que en casos como Nuevo León, estado de México o Jalisco, tienen elevados presupuestos de más de 1.000 millones de pesos. Todo este dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes.

La financiación pública a los partidos, año tras año, se calcula a partir de los últimos resultados electorales y su representación en el Congreso y de fórmulas matemáticas que establece la ley electoral, como lo que cuesta una campaña. "Son cantidades muy excesivas para periodos de elecciones intermedias, es decir, no presidenciales", señala Jaime Cárdenas, antiguo consejero del IFE y profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. Por ejemplo, en las elecciones a diputados federales de 2003, los partidos recibieron casi la misma suma de dinero que en las de este año (presidenciales, legislativas, algunas gobernaciones y ayuntamientos).

Los ocho consejeros y el presidente del IFE son elegidos cada siete años por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Son inamovibles en sus cargos, independientes políticamente, al menos en teoría, y gozan de inmunidad parlamentaria. El salario está en el rango más alto de la Administración pública, similar al de un magistrado de la Corte Suprema, en torno a los 162.000 dólares anuales. Los partidos políticos negocian los nombres de los futuros en un proceso bastante opaco. En la práctica es un acuerdo político que revalidan los diputados. Los actuales consejeros fueron elegidos en octubre del 2003 con los votos del PRI y el PAN. El PRD votó en contra.

A la financiación pública de los partidos hay que añadir la que procede de manos privadas, que la Constitución señala que debe ser inferior. Teóricamente hay límites, "pero es muy difícil controlarlo, porque los partidos no siempre reportan lo que reciben", señala Cárdenas.

En la historia electoral reciente de México hay varios escándalos vinculados a la financiación irregular de campañas. Por ejemplo, el caso conocido como Los amigos de Fox de las elecciones del 2000. En aquella ocasión, el PAN no informó del dinero recibido a través de dos asociaciones -Amigos de Fox y un fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia-. El partido tuvo que pagar una multa a la autoridad electoral de 500 millones de pesos. Por su parte, el candidato del PRI, Francisco Labastida, recibió dinero desviado de los recursos del sindicato de la petrolera estatal, en el caso conocido como Pemexgate.