Un juez anula una concesión en Almería por "desvío de poder"
El juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, ha dictaminado en una sentencia la nulidad de pleno de derecho de la concesión que el Ayuntamiento de Almería otorgó a la empresa Telvent para el proyecto de la Ciudad Digital, cuya urgencia en la tramitación considera inadecuada. Tanto PSOE como IU, que ya advirtieron de que el contrato era "ilegal", anunciaron que llevarán el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), dijo que acatará la sentencia aunque el Consistorio piensa recurrirla.
En los fundamentos de derecho, el juez da la razón a los recurrentes -dos ediles del PSOE- al entender que "no existía, objetivamente, causa en la que descansar la tramitación urgente del procedimiento de contratación". El equipo de gobierno adujo que Almería debía contar con una Ciudad Digital para los Juegos Mediterráneos de 2005, lo que justificaba las "prisas" para adjudicar su gestión.
Pero el juez argumenta que la designación de Almería como sede de los Juegos Mediterráneos era conocida desde el 28 de abril de 1999, "tiempo más que suficiente para haber tramitado el expediente de forma ordinaria". Jesús Rivera considera que en la actuación del Ayuntamiento se ha incurrido en "desviación de poder", ya que "se obviaron los repartos de carácter jurídico que de forma clara y diáfana expuso el secretario del Consistorio y, por el contrario, el Ayuntamiento iniciase el expediente de contratación por la vía de urgencia".
La oposición pide dimisiones
El PSOE, que llevó el tema a los tribunales al considerar que la adjudicación estuvo amañada "desde el principio", estudiará la "responsabilidad" de los ediles que dieron su voto favorable en pleno y también pidió "dimisiones o ceses" en el equipo de gobierno municipal. "El alcalde debe decidir quién se traga este sapo y a quiénes les tiene que pedir su cargo", dijo el portavoz, Martín Soler.
Para el portavoz de IU, Diego Cervantes, detrás de esta operación hay un afiliado del PP que comenzó una trama empresarial desde el momento en el que el PP ganó las elecciones municipales y cuyo objetivo era "controlar todas las concesiones". Cervantes anunció que también llevará el caso a la Fiscalía Anticorrupción por sus sospechas de que tanto este caso como el de la concesión de FCC en el servicio de limpieza suponen ejemplos de "empresas tapadera para financiar partidos políticos".
El concejal de Urbanismo encargado de tramitar la concesión a Telvent, Juan Megino, reconoció ayer que el día que la empresa Telvent le presentó el proyecto ésta vino acompañada del empresario Luis Montoya, administrador único de Intergés, una empresa dedicada a mediar con el Consistorio para las concesiones administrativas.
El alcalde dijo que acatará la sentencia y anunció querellas contra miembros de la oposición.
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