El último escollo radica en Álava

Al proyecto de ley de Suelo aún le queda una incógnita por despejar. Después de que las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa, ambas gobernadas por el PNV, rectificasen su decisión inicial de presentar un conflicto de competencias ante la Comisión Arbitral, el Gobierno foral de Álava, del PP, mantiene la reserva sobre lo que hará. A última hora de ayer, la diputada alavesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Marta Alaña, analizaba con los asesores jurídicos de la institución el dictamen aprobado en la Comisión de Urbanismo. El Consejo de Diputados se pronunciará previsiblemente de forma definitiva el próximo martes.

La Diputación alavesa entiende, como manifestaron en su momento las de Vizcaya y Guipúzcoa, que el proyecto de ley invade sus competencias con relación a la aprobación de los planes generales de ordenación general urbana de los ayuntamientos. Hasta ahora, las diputaciones eran las competentes para dar el visto bueno a esos planes, pero una vez que el proyecto se convierta definitivamente en ley los municipios de más de 7.000 no necesitarán de ese consentimiento para sacar adelante su principal instrumento de planeamiento urbano. Según el Ejecutivo alavés, el proyecto modifica de manera unilateral el reparto de competencias establecido por la Ley de Territorios Históricos (LTH).

Si finalmente presenta recurso y la Comisión Arbitral lo admite a trámite, el proyecto quedará varado.