Política sin ruleta

En temas claves para nuestro país, como la política territorial o el proceso para acabar con la violencia terrorista, algunos dirigentes del PP, y sus epígonos mediáticos, cometen el error continuado de utilizarme para atacar al presidente del Gobierno, incluso metiéndome en sacos en los que no quepo, en un extraño juego que trata de justificar lo injustificable o de buscar en otros las razones que faltan a la sinrazón de sus comportamientos.

No espero que tomen en cuenta lo que les voy a decir, pero siempre confío en un "por si acaso", a favor de la reforma de los estatutos de autonomía, incluso si mantengo, cómo no, algunas discrepancias concretas sobre ciertos debates nominalistas o sobre tal o cual competencia reclamada. Esto vale para el de Cataluña, tras su paso lógico por el Parlamento español, para el de Valencia o para el de Andalucía, en las mismas condiciones, como para los que sucesivamente se irán incorporando a las reformas. Mi posición, por tanto, es favorable al "sí".

Son necesarias estas reformas tras un cuarto de siglo de transformación profunda de lo que fue un Estado centralista y autoritario en otro descentralizado y democrático, como previó la Constitución, en cuyo marco y con cuyas previsiones formales se ha venido realizando y debe continuar desarrollándose. Los que se oponen a ellas son, básicamente, los mismos que rechazaron los estatutos antaño y ahora parecen sus creadores y defensores naturales.

Aumentar las competencias de los poderes autonómicos no plantea problema al Estado y a la cohesión entre los ciudadanos si se preservan las competencias que nos garantizan la igualdad como ciudadanos que compartimos el espacio público que es España. Cada poder establecido constitucionalmente debe asumir las tareas que esté en mejores condiciones de desempeñar. Y esto es revisable, tras 25 años de experiencia, por la dinámica lógica de la puesta a punto de la experiencia y la aplicación del principio de subsidiariedad.

Son necesarias las reformas porque cuando empezamos las transferencias de competencias hacia las Comunidades Autónomas no estábamos en la Unión Europea y a partir de nuestro ingreso en 1986 hubo que descentralizar hacia Europa un paquete de competencias que previamente se había entregado a las Autonomías. Naturalmente, la representación ante la UE era y es del Gobierno de la Nación, como lo es la responsabilidad del cumplimiento de las normas europeas, porque la Unión no incide en la distribución interna del poder en los Estados miembros. Esto nos obliga a reconfigurar la formación de la voluntad nacional para definir la posición de España ante las instituciones europeas para no vaciar de contenido las competencias transferidas a las Autonomías que ahora se ejercen desde Bruselas.

Son necesarias las reformas ante una realidad que ha cambiado rápida y sustancialmente por el impacto de la revolución tecnológica y la globalización, con sus consecuencias en todo el proceso productivo, en las relaciones entre los seres humanos, en la nueva situación de flujos migratorios, en las deslocalizaciones de inversión y en tantas otras cosas. Lo local y lo global están cada vez más cerca.

La clave de la nueva fase de descentralización no está en la cantidad de competencias que se transfieren a los poderes descentralizados y las que se reserva el poder central, sino en lo que cualitativamente hace mejor cada uno y garantiza la igualdad ciudadana entre todos. En definitiva, si se consigue que las partes se fortalezcan, pero no a costa del todo común, sino fortaleciendo asimismo el papel y la relevancia del todo que compartimos, seguiremos acertando en lo que ha sido un proceso muy positivo para las autonomías nacidas de la Constitución y para el conjunto de España.

Otras veces lo he dicho: el proceso, más allá de discusiones nominalistas, no es de suma cero, sino de suma positiva para las partes y para el todo. Hay que evitar el error, en que caen algunos, de pensar que fortalecer a las Autonomías a costa del Gobierno central es el objetivo, pero también hay que evitar el contrario, porque si se incurre en uno o en otro el resultado sería debilitar a las partes y al todo que conformamos en el espacio público compartido que es la realidad de España.

La descentralización que responde al principio de subsidiariedad no debería plantear ningún problema. Aquella que responde a sentimientos identitarios debe ser respetada y tratada de tal modo que no produzca ningún elemento discriminatorio en la condición básica de ciudadanía que compartimos. La garantía en la igualdad ciudadana, por definición, sólo puede proporcionarla el poder común representativo del conjunto de los españoles.De la misma forma, es decir, "por si acaso", pero con mínima esperanza de ser entendido por ese radicalismo extremo de la derecha del PP, deseo aclarar mi posición a favor del proceso abierto para liquidar la violencia terrorista de ETA, porque, probablemente, estamos ante la mejor oportunidad histórica de conseguirlo. Pero si sólo fuera una oportunidad más, como las habidas en el pasado con resultado de fracaso, también estaría a favor de que se intentara. Es más, también defendería que ése es el deber de todo Gobierno, sea del PP o del Partido Socialista o de cualquier otro signo, como lo fuera el de UCD.

Corresponde al Gobierno dirigir la lucha contra la violencia terrorista, intentando el consenso más amplio por el carácter de política de Estado de esta materia y lo hace. La oposición debe acompañar y apoyar al Gobierno, incluso los posibles errores que se cometan por el Ejecutivo en el curso de este proceso complejo. Pero no lo hace. No quiere decir esto que se pierda la responsabilidad de criticar lo que no se vea correcto, sino que, como estaba previsto en los pactos de los demócratas contra el terrorismo, estas críticas deben sustanciarse en foros discretos, no en plazas públicas con gritos y descalificaciones. Esto es así, desde siempre, no a favor del Gobierno de turno, sino para evitar favorecer a los terroristas con la división de los demócratas.

El enconado debate que provoca permanentemente la cúpula del principal partido de la oposición nos sitúa ante la disyuntiva más peligrosa para el futuro. Si sale adelante el proceso de liquidación de la violencia, se percibirá como algo obtenido a pesar de los palos en la rueda de los responsables de la alternativa de gobierno posible en España. Si no sale, el cruce de imputación de responsabilidades en que nos introducirá hará irrecuperable una política de Estado en la lucha contra el terror. Se mire por donde se mire, conduce al disparate.

Trato de buscar una explicación para este disparate y no la encuentro, salvo que tuviera razón un amigo que conoce bien el juego de la ruleta y a los dirigentes del PP. Mira, me explicaba, creen que las elecciones próximas son su última oportunidad y las ven muy mal. Por eso, como los jugadores de ruleta que se sienten perdedores, lo apuestan todo al "13, impar y rojo". Si ganan se quedan con la banca. Si pierden consuman su ruina política, que pueden dar por hecha en estas circunstancias. ¿Será posible?

De la otra parte tenemos a los violentos y su entorno, que se siguen pronunciando como si las reglas de juego se tuvieran que acomodar a ellos, no ellos a las reglas de juego válidas para todos. Reclaman (¡extraño desvarío!) democracia para el País Vasco o Euskadi o Euskal Herria como un proceso que conduzca a que todos los demás les den la razón en sus propuestas, aunque no estén de acuerdo, y a que previamente los acepten sin que ellos tengan que aceptar la legalidad democrática.

¿Cuál es su mérito para que sus argumentos se impongan a los demás? Si se atrevieran a decir que las pistolas, la salida sería imposible, porque los violentos no pueden obtener ventaja alguna por dejar de serlo. Para jugar el juego democrático, el único que existe legítimamente, tienen que aceptar la legalidad, como los demás, renunciando clara y explícitamente a la violencia. Ése es el camino y el límite del diálogo. ¿Lo han entendido o creen también en la ruleta, en este caso acompañada de un terror sin salida alguna?

Estoy por tanto a favor de las políticas del Gobierno en estos temas claves para la convivencia, sin renunciar a ser un ciudadano libre que quiere expresar sus ideas sin que lo manipulen estúpidamente y sin pretender tener la verdad.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español.