Vizcaya y Guipúzcoa no impugnarán la ley de Suelo pese a la "deslealtad" del Ejecutivo

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa no impugnarán finalmente la ley de Suelo, que en ese caso será aprobada este mes por el Parlamento. Álava esperará a conocer el texto que salga de comisión, aunque si es partidaria de llevarla ante la Comisión Arbitral. El diputado general guipuzcoano Joxe Joan González de Txabarri dio marcha atrás por las escasas posibilidades de que prosperara la impugnación. La Diputación de Vizcaya descartó adoptar esa medida para no perjudicar a los municipios ni parar la aprobación de la ley.

La crisis institucional con motivo de este proyecto -que elimina la actual tutela de las diputaciones para aprobar los planes generales de ordenación urbana en las localidades de más de 7.000 habitantes- ha quedado en un amago. La polémica saltó la pasada semana, cuando González de Txabarri anunció la impugnación ante la Comisión Arbitral, el órgano que dirime los conflictos de competencias en Euskadi, de la normativa pactada entre el tripartito, el PSE, Aralar y la asociación de municipios Eudel. La Diputación de Vizcaya también tenía previsto tomar una acuerdo similar, pero finalmente lo aplazó.

Ayer, tras conversaciones entre los dos máximos mandatarios vizcaíno y guipuzcoano, ambas instituciones anunciaron que no habrá impugnación, por lo que la ley podrá aprobarse antes de que termine este mes. Las razones, anunciadas en dos comparecencias públicas en San Sebastián y Bilbao, son diferentes, aunque los dos diputados generales coinciden en criticar al Gobierno, y concretamente al consejero de Vivienda, Javier Madrazo (EB) por no comunicarles que se planteaba una modificación de competencias forales.

José Luis Bilbao, diputado general vizcaíno, fue más duro. "Se ha producido una grave deslealtad institucional", manifestó, tras asegurar que la institución vizcaína "en ningún momento ha sido informada", ni por la consejería de Vivienda ni "por la representación política de Eudel". La asociación de municipios vascos está controlada por el PNV, partido al que pertenece Bilbao y que gobierna la Diputación de Vizcaya.

José Luis Bilbao rechazó que la institución que preside se sienta "celosa" de sus competencias y expuso que la preocupación por este asunto es que siente un precedente y se produzcan otros traspasos de atribuciones de las diputaciones en otras materias a través "de enmiendas en el Parlamento".

Aseguró que ha desistido de acudir a la Comisión Arbitral para evitar "que los ayuntamientos sean los paganos" y también con el objetivo de no paralizar la tramitación de la ley, cuyo contenido valoró como "extremadamente positivo". La salvedad es el punto sobre la aprobación de los planes generales . En otra crítica a los dirigentes peneuvistas de Eudel, dijo: "Animaría a los alcaldes de menos de 7.000 habitantes a que pregunten al presidente de Eudel por qué son menores de edad". Vizcaya defiende que todos los municipios puedan aprobar planes generales y que los que no tengan medios técnicos deleguen en las diputaciones.

José Luis Bilbao planteó, "una vez abierto este melón", que haya una reordenación de las competencias urbanísticas en los tres niveles administrativos de Euskadi. "Hace falta una simplificación".

Procedimiento "atípico"

El diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri asumió en tono resignado la recomendación de los servicios jurídicos forales de no acudir a la Comisión Arbitral. Pero, en una declaración institucional aprobada ayer por el gobierno foral con el respaldo de los diputados del PNV y EA, se censura el "inusualmente atípico" procedimiento seguido durante la reforma legal. Su consecuencia es la ruptura de "una vía de comunicación interinstitucional" que ha resultado efectiva durante los 23 años de vigencia de la Ley de Territorios Históricos (LTH), lo cual, dice el texto, "no pude constituir un precedente". "Una ley sectorial no puede modificar de hecho la distribución competencial interna del país" recogida en la LTH, dijo Txabarri, quien añadió: "Es posible que después de 23 años haya que reflexionar sobre la conveniencia o no de modificar la LTH", un debate al que la Diputación dice estar "abierta".

Al margen de estas consideraciones formales, el Ejecutivo foral expresó su "prevención" ante las consecuencias que puede traer la aprobación de la ley de Suelo, pues "vuelca todo el control de un tema que genera plusvalías importantes, básicamente en manos de una sola institución, el ayuntamiento". Además, la Diputación defiende que todos los ayuntamientos tengan competencias plenas en el planeamiento urbanístico y advierte de que queda pendiente de definir la "redistribución de los recursos humanos, materiales y financieros" que conlleva la modificación competencial recogida en la futura normativa urbanística.