El Gobierno vasco se autoinculpa en la causa contra Ibarretxe

El Gobierno vasco (PNV, EA y EB) decidió ayer autoinculparse en pleno en la querella del Foro Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite la semana pasada, por recibir a dirigentes de la ilegalizada Batasuna. El Ejecutivo autónomo mostró su "indignación" por la decisión del TSJPV, que tachó de "desvergüenza jurídica", y anunció que la recurrirá hasta las más altas instancias nacionales y europeas.

El Ejecutivo vasco reaccionó con la máxima dureza ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de admitir a trámite la querella del Foro Ermua contra Juan José Ibarretxe, por recibir en abril a los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena.

El Gobierno tripartito transmitió a través de un comunicado leído por su portavoz, Miren Azkarate, su "indignación" por esa actuación, la tachó de "desvergüenza jurídica" y advirtió de que, en cuanto le sea comunicada, la recurrirá hasta las últimas consecuencias, si es preciso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La responsabilidad última la atribuyó a la Ley de Partidos, "aprobada por el PSOE y el PP", y que no sirve "para avanzar hacia la paz".

Tras una reacción inicial del propio lehendakari, según medios próximos a él, de dar un perfil bajo a la respuesta, las ejecutivas de los tres partidos que forman su gobierno decidieron el lunes elevar el tono y no dejar pasar lo que consideran que socava la separación de poderes y vulnera derechos fundamentales de Ibarretxe.

También acordaron que los tres grupos parlamentarios (PNV, EA y el Mixto, en el que está Ezker Batua) pidan la comparecencia en la Cámara autonómica del presidente del TSJPV y de la Sala de lo Civil y lo Penal que adoptó la decisión, José Luis Ruiz Piñeiro. Los grupos pedirán a Piñeiro que explique "qué razones justifican la grave quiebra del sistema de separación de poderes" y "sus continuas manifestaciones sobre las actuaciones políticas de las instituciones vascas".

A juicio del Gobierno vasco, los tribunales no pueden establecer cómo un Gobierno y su lehendakari deben ejercer su "legítimo patrimonio de acción política", destinada en este caso a "alcanzar la paz definitiva y a lograr acuerdos políticos entre formaciones que representan a la sociedad".

El Ejecutivo calificó de "inverosímil e inadmisible" que un tribunal de justicia dicte su modo de actuación, aunque reconoció su sujeción al Derecho, y se quejó también de no hacer recibido hasta ayer ninguna notificación oficial, aunque la decisión de la Sala se publicitó el viernes día 9.

Con esta decisión de los partidos del Gobierno vasco de introducir al Parlamento en la cuestión se ha producido la triangulación del conflicto de poderes: ejecutivo, judicial y legislativo están ahora de lleno en él.

Las asociaciones profesionales Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria consideraron "improcedente" esa pretensión de que un juez explique en un Parlamento una decisión jurisdiccional, por más que, como en el caso de Jueces para la Democracia, se considere "jurídicamente insostenible e irrazonable" la admisión a trámite de la querella contra Ibarretxe.

El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, anunció que estudiará emprender acciones legales contra el Gobierno vasco por las críticas "desmesuradas" expresadas por su portavoz.

[Martin McGuiness, número dos del Sinn Fein, que se encuentra en Euskadi invitado por Batasuna, apeló ayer al Gobierno español a que reconozca el papel que la formación abertzale que lidera Arnaldo Otegi está desempeñando en el proceso de paz, y dijo que su legalización sería una importante contribución y un mensaje claro de que el Ejecutivo reconoce el papel que ha tenido y que debe desempeñar en el futuro].