La ley 'antibotellón' pasa el primer trámite con el único apoyo del PSOE

La llamada ley antibotellón superó ayer su primer trámite en el Parlamento de Andalucía, al rechazar el PSOE, con mayoría absoluta, las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Unida y el PA. El PP -cuyos alcaldes han reclamado insistentemente contar con una pecha legal para poder actuar- criticó el proyecto elaborado por el Gobierno, pero se abstuvo.

La ley antibotellón no se llama así, sino de potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. La norma prohíbe la concentración de personas para consumir alcohol en la calle, pero también contempla la "habilitación de espacios", vulgo botellódromos, en los que se puedan desarrollar "actividades de ocio" sin molestar a los vecinos.

La consejera de Gobernación. Evangelina Naranjo, dejó claro que la ley responde a la petición de los ayuntamientos andaluces de contar con un mecanismo legal para poder atajar el botellón y compatibilizar el derecho de los jóvenes a divertirse con el derecho al descanso. "Se nos pedía cobertura legal por parte de los alcaldes y del sector turístico y aquí está. La Junta pone en sus manos un instrumento jurídico y cada ayuntamiento responderá ante sus ciudadanos", dijo.

Los grupos de la oposición rechazaron el proyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, por su carácter "represor". El portavoz de IU, José Manuel Mariscal, aseguró que "esta nueva ley seca intenta criminalizar a la juventud" e imponer "la mercantilización y el control" en las calles. A su juicio, la ley es tan "ridícula" que prohíbe tomar una cerveza en un parque, es una norma que nace "muerta" y su redacción, que consideró una "aberración jurídica", desliza que al legislador le molesta más el ruido que generan los botellones que el consumo de alcohol. "El último macrobotellón se celebró en la aldea de El Roció en medio de un parque natural. ¿Por qué no se crean semanasantódromos o manifestródomos?".

Los andalucistas además de pedir su devolución, presentaron un texto alternativo. La portavoz del PA, Pilar González, consideró que la ley es "represiva" y su fin es "recaudar multas a costa de los jóvenes". La solución de los andalucistas pasa por ofrecer alternativas al botellón y "la obligación de los poderes públicos de educar para la salud y la responsabilidad".

La popular Arantza Martín afirmó que su grupo está a favor de regular por ley los botellones, pero a su juicio la ley del Gobierno sólo habla de sanciones y prohibiciones. "Los progresistas del PSOE liquidan el asunto con carácter represivo y diciéndoles a los ayuntamientos: con esto tienes instrumentos para actuar y si quieres dinero, sanciona y pon multas".

El portavoz socialista, Eduardo Bohórquez, descalificó las enmiendas a la totalidad de IU y PA. La primera por proponer una especie de mundo "feliz"; la segunda por ser un "batiburrillo".

La ley no permite el aprovisionamiento de bebidas para su consumo en espacios abiertos mediante pedidos telefónicos o mensajería. Tampoco la venta y entrega de alcohol después de las diez de la noche. Los ayuntamientos podrán establecer sanciones con multas entre 600 a 60.000 euros.