La Cámara de Cuentas controlará los convenios urbanísticos que se firmen en Marbella

El dinero que ingrese el Ayuntamiento de Marbella por los convenios urbanísticos que se firmen durante la etapa en que la Junta retenga las competencias en la materia quedarán bajo control de la Cámara de Cuentas, según contempla el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la retirada de las facultades de planificación. En cualquier caso, el consistorio no podrá disponer de las cantidades que le correspondan hasta que no esté aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana. El Parlamento autorizará mañana al Gobierno la retirada de las competencias.

La retirada de las competencias de planificación urbanística al Ayuntamiento de Marbella incluye la facultad de firmar convenios de planeamiento, según la propuesta aprobada en marzo por el Consejo de Gobierno de la Junta.

De esta forma, será la Junta quien negocie y gestione los convenios, aunque necesitará un informe previo del consistorio, para garantizar la participación municipal. El control financiero y contable de los convenios quedarán bajo control de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En el informe que emitió el Consejo Consultivo sobre el acuerdo de retirada de competencias, consideró que esta fiscalización "además de sujetarse a la legalidad, constituye una medida de transparencia en la gestión que de los convenios efectúe la administración autonómica".

El PP no está de acuerdo con este procedimiento, y considera que debe ser a la inversa, que los convenios los gestione la gestora municipal y cuente con informe de la Consejería de Obras Públicas. En la resolución que el PP llevará mañana al pleno del Parlamento que debe autorizar al Gobierno la retirada de competencias incluye una propuesta para que los convenios de planeamiento "queden en el ámbito competencial de la gestora municipal, aunque no alcanzarán plena eficacia jurídica y administrativa sin el informe vinculante preceptivo de la Junta de Andalucía sobre su idoneidad, conveniencia y encaje en el planeamiento municipal".

Con todo, y pese al diseño de este sistema de garantías jurídicas, el consistorio no podrá disponer de los ingresos que le supongan los convenios hasta que no esté aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento que permita su ejecución, de acuerdo con lo que establece la reciente Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo.

Prioridades

El dinero que corresponda al Ayuntamiento quedará depositado en una cuenta bancaria a su nombre bajo control de la Cámara de Cuentas y del servicio municipal de intervención.

El Parlamento autorizará mañana, previsiblemente con los votos en contra del PP, la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, último trámite necesario para que el Consejo de Gobierno la apruebe, lo que previsiblemente hará en la sesión del próximo día 20.

La prioridad de Obras Públicas durante el tiempo que gestione el planeamiento de Marbella será tramitar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aporte seguridad jurídica y garantía a los inversores, después de 15 años de gobiernos gilistas en los que el consistorio otorgó licencias contrarias a la ley que han motivado la instrucción de unos 40 procedimientos judiciales y que se hayan edificado en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales.

Las gestora de Marbella ha pedido que las competencias de devuelvan al Ayuntamiento una vez que se celebren las elecciones municipales de 2007. No es previsible que para entonces pueda estar aprobado definitivamente el PGOU. Tras la aprobación inicial, que aún no se ha producido, es necesario pedir informes sectoriales a otras administraciones como las direcciones generales de Costas y Carreteras, Cultura o Medio Ambiente antes de la aprobación provisional. La ventaja del plan de Marbella es que desde el principio contará con el visto bueno de la Junta, a la que compete aprobarlo definitivamente.