Los jueces franceses del 'caso Clearstream' acusan a un informático de falsificar la lista de sobornos

Los jueces Jean-Marie D'Huy y Henri Pons, que instruyen el caso Clearstream, un intento de implicar en asuntos de corrupción a políticos y empresarios -entre los que se encuentra el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy- acusaron ayer a Imad Lahoud de ser el autor de los falsos listados bancarios de la sociedad luxemburguesa de este nombre donde se habrían cobrado los sobornos. Los cargos son de falsificación de documentos y uso de los mismos y de denuncia calumniosa.

Lahoud, de 38 años, un experto informático que trabajaba para el consorcio armamentístico EADS a las órdenes del ex vicepresidente de esta empresa, Jean- Louis Gergorin, también acusado en el caso, estaba pendiente ayer por la noche de la decisión de los jueces sobre su ingreso en prisión. Las nuevas revelaciones proporcionadas por Florian Bourges, un antiguo consultor de la sociedad Arthur Andersen que había auditado a Clairstream, una cámara de compensación bancaria internacional, por cuenta del Gobierno luxemburgués, señalan claramente a Lahoud como el manipulador de las listas. Lahoud siempre ha negado ser el autor de la manipulación de los listados bancarios.

Según Bourges, fue él quien proporcionó a Lahoud los listados originales de Clairstream, creyendo que se trataba de un agente de los servicios secretos franceses que investigaba la financiación de actividades terroristas. Pero aquel listado no incluía a ninguno de los políticos y hombres de negocios a los que se quiso relacionar con las comisiones pagadas por la venta de siete fragatas de la empresa Thompson a Taiwan. Bourges ha reconocido la firma informática del listado manipulado que en 2004 Gergorin hizo llegar al juez que investigaba los sobornos y al semanario Le Point.

Todo parece indicar, pues, que Lahoud es el falsificador. Falta por saber por orden de quién actuó. Las notas manuscritas del general Philippe Rondot, quien fuera responsable de inteligencia en el Ministerio de Defensa hasta finales de 2005, ahora en poder de los jueces Jean-Marie D'Huy y Henri Pons, señalan que el primer ministro, Dominique de Villepin, estaba al corriente del asunto, e incluso el presidente Jacques Chirac.