Caldera asegura que la reforma laboral reducirá la temporalidad un 20%
El acuerdo para mejorar el empleo afectará al personal laboral de las administraciones públicas
Un millón de trabajadores con contrato temporal pasarán a ser fijos como consecuencia de la reforma laboral que entra en vigor el próximo 1 de julio. Éste es el pronóstico del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que implica una reducción del 20% sobre la actual bolsa de temporalidad. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley que intenta combatir la precariedad laboral -afecta a uno de cada tres asalariados- y aligerar los costes a las empresas. El acuerdo afectará al personal laboral de las administraciones públicas, unas 200.000 personas en su mayoría eventuales, y costará 1.200 millones de euros.
El acuerdo suscrito hace un mes en La Moncloa entre el Gobierno y los agentes sociales cuenta ya con el instrumento legal para ponerse en marcha. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a la reforma laboral, que reducirá la tasa de temporalidad a un nivel entre el 26% y el 27% de los asalariados de aquí a 2008, frente al 33% actual, según la previsión del Ejecutivo.
"La reforma tiene un profundo componente social y de progreso, para que haya menos empleo precario", aseguró ayer Caldera tras la reunión del Consejo de Ministros. Además del millón de temporales que se convertirán a corto plazo en fijos, la reforma mejorará la protección de 250.000 desempleados. Mujeres y jóvenes, que concentran el mayor volumen de precariedad, serán los colectivos más afectados.
Por el lado empresarial, 1,3 millones de sociedades podrán beneficiarse de la rebaja de cotizaciones y de las bonificaciones previstas. Éstas son las principales medidas:
- Encadenamientos. Los trabajadores que hayan encadenado dos o más contratos temporales en un mismo puesto durante más de 24 meses en un periodo de 30 pasarán automáticamente a ser fijos. La principal novedad de esta medida es que el personal laboral de las administraciones públicas (unas 200.000 personas en todo el país) quedará sujeto a esos límites. Así figura en el decreto ley. La mayor parte de ese personal es temporal.
- Plan de choque. Para desatascar la actual bolsa de temporalidad, el Gobierno ha elaborado un plan de coche por el que los empresarios que decidan convertir a sus trabajadores temporales en fijos hasta el 31 de diciembre recibirán una subvención anual de 800 euros durante tres años. "Es el momento de que nuestros empresarios aprovechen; después no habrá bonificación", advirtió Caldera. Los contratos que se conviertan en fijos podrán acogerse, además, al despido de 33 días de indemnización por año trabajado (frente a los 45 ordinarios) hasta el 31 de diciembre de 2007.
- Nuevas bonificaciones. El Gobierno seguirá subvencionando la creación de empleo, pero sólo el indefinido. El periodo de percepción de esos incentivos aumenta de dos a cuatro años y cambia la manera de abonarlos. En lugar de bonificar un porcentaje de la cotización a la Seguridad Social, como hasta ahora, se paga una cuota fija, independientemente de lo que le cueste el empleado a la empresa (ver cuadro). El objetivo es "ayudar a los empleos menos cualificados". Caldera no teme que esta medida desincentive la creación de empleo de calidad. "El crecimiento de empleo cualificado es mayor que el resto; eso demuestra el cambio de modelo productivo que se está produciendo", asegura el ministro.
- Menos cotizaciones. Los empresarios tendrán una reducción sustancial en lo que pagan por sus trabajadores a la Seguridad Social. La cuota por desempleo bajará 0,25 puntos en julio de este año y otro tanto en julio de 2007, hasta alcanzar medio punto. Esto deja en 5,5% la cotización. Lo que abonan al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que cubre a los trabajadores cuyas empresas se declaran en quiebra, se reduce a la mitad (del 0,4% al 0,2%).
Se elimina, además, el sobrecoste que asumen las empresas de trabajo temporal en su cotización al desempleo.
Todas estas medidas supondrán un coste de 1.200 millones de euros más al año para el sistema. Sumados al gasto actual en bonificaciones (unos 3.000 millones), suponen más de 4.000 millones al año.
- Mejores prestaciones. Los mayores de 45 años y sin cargas familiares podrán percibir a partir de ahora el subsidio por desempleo (en la actualidad sólo lo cobran si tienen familia). Se mejora también el derecho al paro para el colectivo de fijos discontinuos (trabajadores que sólo tienen ocupación durante algunos meses al año, generalmente ligados a actividades estacionales).
A cambio de reducir las cotizaciones al Fogasa, mejoran las prestaciones de este fondo. El tope de salario abonable pasará del doble al triple del salario mínimo; se amplía de 120 a 150 días el máximo de días de los que se hace cargo y se incluyen las pagas extraordinarias. También aumentan las indemnizaciones a cargo del fondo.
- Contratas y subcontratas. Se considerará cesión ilegal de trabajadores cuando una empresa contrate con otra para ofrecerle exclusivamente mano de obra, sin otro valor añadido. Además, los representantes de los trabajadores de una empresa principal podrán representar a los de la subcontrata si comparten el mismo centro de trabajo.
- Refuerzo de la Inspección. El Gobierno aumentará un 20% la plantilla de la Inspección para controlar mejor el fraude. También modernizará los servicios públicos de empleo.
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