Roca contradice a Julián Muñoz y asegura que nunca tramitó una licencia de obras

El que fuera gerente de Urbanismo en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal, Juan Antonio Roca, declaró ayer en un juzgado de Málaga que "en absoluto" intervino en los trámites para las licencias de obras que otorgó el consistorio, aunque reconoció que desde 1997 éstas se tramitaban sin los preceptivos informes jurídicos. Contradijo así al ex alcalde Julián Muñoz, juzgado por conceder una licencia para seis chalés en zona verde, quien en la primera sesión de la vista aseguró que Roca era el responsable de las decisiones urbanísticas. "Nunca tuve facultades vinculantes en el Ayuntamiento", dijo.

Roca fue conducido a los juzgados de Málaga desde la prisión de Alhaurín de la Torre, donde ingresó acusado de ser el presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Compareció esposado en la sala, y negó rotundamente su intervención en la tramitación de los expedientes de las licencias de obras. Aseguró que su función como "apoderado" de la sociedad municipal Planeamientos 2.000 era coordinar la planificación urbanística y reconoció que intervino en las negociaciones de todos los convenios que se incluyeron en la revisión del PGOU que realizó el gobierno de Jesús Gil pero que nunca entró en vigor porque la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta, lo rechazó en julio de 1998. Entre ellos, el convenio que dio origen a la licencia de obras que la comisión de Gobierno otorgó a la promotora Moansa para la construcción de seis chalés en zona verde y por la que están acusados de delito urbanístico el ex alcalde Julián Muñoz y otros siete ex concejales de la corporación, para los que la fiscalía pide penas que oscilan entre año y medio y dos años de prisión.

Roca reconoció también que la eficacia de los convenios quedaba supeditada a la aprobación del plan, pero la realidad es que el consistorio dio licencias de obras y permitió construcciones al amparo de un planeamiento que nunca entró en vigor. Añadió que el ex alcalde fallecido Jesús Gil tuvo siempre las competencias de Urbanismo y que dio instrucciones a los ediles y a los técnicos de Urbanismo para que se concedieran licencias de obras de acuerdo a las estipulaciones que se iban a incluir en el nuevo PGOU.

Roca insistió a preguntas del fiscal y de una de las acusaciones particulares (Los Verdes) que él se ocupaba del planeamiento, y que nunca intervino en los trámites de las licencias, y aunque participaba en las reuniones preparatorias de las comisiones de gobierno no se pronunciaba nunca sobre estos asuntos. Según Roca, los expedientes de las licencias se pasaban a aprobación cuando el jefe del servicio jurídico administrativo de Urbanismo "consideraba que estaban conclusos". Este funcionario era Jorge González, quien en octubre de 2005 hizo una declaración al juez en la que contó las irregularidades en la tramitación de las licencias de obras que dio origen a la apertura de la Operación Malaya, en el transcurso de la cual fueron detenidos hace dos meses Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, y el ex concejal de Tráfico Victoriano Rodríguez que permanecen encarcelados.

Los concejales acusados por el caso Moansa declararon el lunes que ellos se limitaban en las comisiones de gobierno a asentir sobre los asuntos que les llegaban tramitados desde el departamento de Urbanismo, al frente del cual Julián Muñoz recordó que estaba Roca. A las comisiones llegaban un listado de las licencias, que los ex ediles llaman cuadernillo, en los que figuraban los datos básicos de las mismas y la leyenda en mayúscula favorable o desfavorable, calificaciones que venían determinadas desde Urbanismo.

Los ex ediles dijeron estar convencidos de que si la resolución era favorable es que la licencia cumplía los requisitos legales. Las licencias de obras necesitan un informe técnico y otro jurídico, pero Roca reconoció ayer que en 1997 el entonces alcalde, Jesús Gil, dictó un decreto en el que ordenaba a Jorge González que se abstuviera de emitir informes jurídicos, por lo que las licencias se tramitaron sin éstos. Del listado se entregaba una copia a Gil, que le deba el visto bueno, y otra al secretario municipal para que las sometiera a la comisión de gobierno.

En la sesión de ayer también compareció el abogado José Luis Sierra, que durante muchos años llevó los asuntos personales de Jesús Gil. Los concejales acusados señalaron el lunes que Sierra hizo los informes jurídicos que avalaban las licencias de obras. Pero Sierra también lo negó, y sólo reconoció que en junio de 1993, por encargo de Gil, elaboró un informe sobre como se podían conceder licencias de acuerdo a un plan de ordenación aún no aprobado y que no tuvieran amparo en el que estaba en vigor. En aquel informe, Sierra admitía que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no lo permitía, y recomendó que se concedieran "con carácter provisional", condicionadas a la aprobación del PGOU, lo que implicaba, dijo, que la parte beneficiada aceptara "la demolición inmediata sin indemnización" en el caso de que el planeamiento no se aprobara.