El letrado sin colegiar del caso 'hepatitis C' tiene 11 expedientes disciplinarios

El letrado que ejerce sin estar colegiado la representación de uno de los 276 afectados por el contagio masivo del virus de la hepatitis C que juzga una sala especial de la sección segunda de la Audiencia de Valencia acumula once expedientes disciplinarios. Tres de ellos, por supuesta apropiación indebida, están siendo investigados por la Fiscalía. De los otros ocho, cuatro han sido archivados y otros cuatro acabaron en sanción.

El tribunal no actúa porque no tiene comunicación oficial de la situación

Juan Carlos Auñón, el abogado que actúa, aunque no está habilitado para ello, en representación de un afectado incluido en la causa por la que juzgan al anestesista Juan Maeso del contagio masivo de hepatitis C, ha estado colegiado en Teruel y en Valencia. Desde el pasado mes de diciembre, que fuera dado de baja por el Colegio profesional de Valencia por falta de pago y expedientes disciplinarios acumulados, no está adscrito a ningún otro.

El Colegio de Abogados de Valencia dio de baja por primera vez a Auñón en diciembre de 2003. El letrado solicitó regularizar su situación y volvió a ser admitido en enero de 2004. Esa admisión suponía no sólo ponerse al día de pago sino cumplir con las sanciones que pudieran derivarse de los expedientes disciplinarios abiertos contra él. En diciembre de 2005, volvió a darse la situación. El Colegio de Abogados, en los primeros días de diciembre y por correo certificado dirigido al decano de los jueces de Valencia, José Luis Gómez Moreno, al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, y a los consejos de la abogacía autonómico y estatal, comunicó la irregularidad. Pero el tribunal ante el que Auñón representa a un afectado -aunque en alguna de la documental supuestamente suya no consta su firma ni su número de colegiado- ayer mismo admitió no tener conocimiento oficial de la situación.

Fue el defensor de Juan Maeso, el abogado Francisco Davó, quien dijo a la sala haber tenido conocimiento de la irregularidad que podría suponer un motivo de nulidad. Davó pidió al tribunal que resuelva el asunto. El tribunal recogió la petición y sólo manifestó no tener constancia oficial y por escrito de ello. Ni el fiscal ni el resto de las acusaciones particulares se manifestaron al respecto. Davó añadió que la situación no sólo puede ser perseguida de oficio por el tribunal por suponer un motivo de nulidad al haberse constituido mal la acusación, o a petición de parte, sino que puede penalmente plantearse una causa por intrusismo profesional. Otros letrados personados consideran que esta última posibilidad no está clara porque Auñón sí es licenciado en Derecho, lo que no está es habilitado para ejercer la representación procesal.

Según fuentes del Colegio de Abogados, además de los expedientes disciplinarios, sustentados en abusos por su condición de letrado de la confianza depositada por el cliente, han sido muchas las quejas transmitidas por prácticas próximas a la irregularidad de un letrado afincado en Burjassot que anunció una colegiación alternativa en Alzira en enero pasado y que a fecha de ayer mismo no estaba adscrito en ningún colegio profesional. Desde hace siete meses, un afectado del caso de la hepatitis C tiene un letrado que no le puede representar.