La justicia se desconcentra

Una de las cuestiones que resultaron más polémicas durante la elaboración del Estatuto fue la de la justicia. No en vano, el poder judicial sigue siendo todavía la asignatura pendiente del Estado de las autonomías y la Administración de justicia. Pese a la pertinaz invocación de ruptura de la unidad e independencia del poder judicial de los sectores más reacios a la reforma, el Estatuto de 2006 supone un avance en diversos frentes respecto al de 1979, porque acerca la justicia al ciudadano, otorga más competencias a la Generalitat en varios capítulos y desconcentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El avance más notable es la conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la última instancia judicial, lo que significa que todos los procesos iniciados en Cataluña y todos los recursos que se planteen se resolverán aquí. El Tribunal Supremo, donde finalizan ahora los recursos de algunas jurisdicciones, queda reservado para la unificación de doctrina. Eso debería afectar a la vida de los ciudadanos en una reducción considerable del tiempo de espera para obtener una sentencia firme.

La ciudadanía también debería notar los efectos del Estatuto cuando acuda a un juzgado y se pueda expresar en la lengua que desee, pues el texto que se votará considera que jueces, fiscales y funcionarios que trabajen en Cataluña deberán "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente" del catalán. Ninguna mención a esta cuestión se hacía en el Estatuto vigente. El artículo 108 otorga a la Generalitat competencias para "instar el establecimiento de un sistema de justicia de proximidad", una fórmula, depende de cómo se materialice, que puede ayudar a combatir la congestión que tienen los juzgados de instrucción y primera instancia.

El presidente o presidenta del TSJC obtiene en el texto de 2006 un reconocimiento inédito hasta ahora, y se le define como "el representante del poder judicial en Cataluña". Además, presidirá el Consejo de la Justicia de Cataluña, otra de las grandes novedades del Estatuto, y al que se define como "el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña". Se trata de una versión desconcentrada del CGPJ con amplias atribuciones.

El Departamento de Justicia ve incrementadas sus competencias de manera exponencial. La comparación entre los estatutos es tan abismal como comparar el presupuesto de 1980, que era de 20,5 millones de pesetas, con los 676,3 millones de euros de este ejercicio. El nuevo Estatuto atribuye a la Generalitat la competencia normativa y ejecutiva sobre 7.100 funcionarios. Eso debería servir para acabar con la interinidad que afecta a más de 1.500 personas, con la constante movilidad y con una mejora en la prestación del servicio.