La consulta

Ante todo creo que hay que tener en cuenta que un estatuto de autonomía es un documento identitario que define las características que nos son propias, y propone las cotas de autogobierno que pretendemos. Esta pretensión alcanza a elementos socioeconómicos que, en algunos casos, van más allá de la información mediática que el tema está suscitando y sobre los que me gustaría aportar mi visión personal.

Siempre he considerado que el empuje económico y social de una comunidad viene liderado por las acciones de su gente y sus empresas, y que la intervención pública en este terreno ha de ser la mínima imprescindible para facilitar el camino. En el nuevo texto estatutario se recogen los instrumentos para la mejora de la competitividad y modernización de la economía catalana. Para algunos, serán insuficientes; para otros, los imprescindibles, y para un tercer grupo serán quizá excesivos. Es el uso que se haga de los mismos lo que va a determinar su oportunidad práctica, porque el texto, por definición, intenta abarcar todas las posibilidades aquí, ahora y también mañana.

Merece la pena reflexionar sobre el país que queremos, y la mejor manera es participar activamente

Durante las negociaciones, muchos sectores han deseado que las modificaciones estatutarias se produjeran en clave de utilidad para las personas y para la mejora de sus condiciones de vida. Por ejemplo, incorpora como novedad un capítulo de derechos y deberes que amplía los derechos sociales de ciudadanía, de manera complementaria a los reconocidos en la Constitución española. Asimismo, anuncia la promoción de políticas encaminadas a la cohesión y el bienestar social, en mi opinión muy adecuada, en estos tiempos de diferencias y desigualdades que nos ha tocado vivir.

Por lo que se refiere al mercado laboral, reconoce nuestras particularidades y explicita el espacio catalán de relaciones laborales en función de la realidad productiva y empresarial de Cataluña, como práctica sostenida de diálogo social. La Generalitat tiene competencia exclusiva en trabajo y relaciones laborales y le corresponde la competencia sobre la función pública inspectora. En inmigración, fenómeno social y laboral clave, quedan ampliadas sustancialmente las competencias en lo que se refiere a la primera acogida de personas inmigradas, con el propósito de lograr su integración en mejores condiciones, y cuenta con competencia ejecutiva para la autorización de permisos de trabajo. En coordinación con el Estado, participa en la determinación de los contingentes de entrada de inmigrantes que se fijan anualmente.

La financiación autonómica, que ha de dar cobertura al cumplimiento de los objetivos, incorpora un sistema más transparente y justo, que pretende aportar más recursos e incrementar la capacidad de decisión y gestión sobre los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña. La creación de una agencia tributaria propia, y la garantía de un incremento de las inversiones públicas del Estado en materia de infraestructuras para los próximos siete años completan el escenario.

En los 25 años transcurridos desde el texto anterior han sucedido muchas cosas, y el mundo laboral y económico catalán, al igual que en nuestro entorno, ha experimentado cambios importantes a gran velocidad, que no podemos ignorar. Todos tenemos algo que decir sobre nuestras condiciones de vida hoy y en el futuro.

Merece la pena aprovechar la oportunidad de la consulta sobre el Estatuto para reflexionar con pausa sobre el país que queremos, cómo asumimos la nueva realidad y tomar una decisión. Y pienso que la mejor manera es participar activamente en el próximo referéndum convocado al respecto.

Mercè Sala Schnorkowski es presidenta del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC).