Batasuna prepara su legalización para este verano

El anuncio del secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Patxi López, de una próxima y primera reunión formal con representantes de la izquierda abertzale y la resolución del juez Fernando Grande-Marlaska, por la que dejó en libertad a los ocho dirigentes de Batasuna que comparecieron el jueves pasado en la Audiencia Nacional, han allanado el camino para que el partido que lidera Arnaldo Otegi dé el paso de solicitar su legalización el próximo verano, según fuentes conocedoras del proceso de alto el fuego de ETA. La izquierda abertzale podría constituirse en un partido, con nuevos estatutos y nueva marca, asumiendo la vía pacífica y democrática, según las mismas fuentes. "Es la noticia más importante de este proceso, tras el alto el fuego de ETA", señala el Gobierno.

Zapatero y Batasuna sabían que el PSE anunciaría una reunión con la formación

El Gobierno considera que la legalización es "la noticia más importante" tras el alto el fuego

Batasuna se siente reconocida y cree que la justicia admite que la situación ha cambiado

El proceso abierto tras el alto el fuego de la banda había empezado a encallar el 19 de mayo, cuando Grande-Marlaska imputó a Otegi y a otros siete dirigentes de Batasuna por haber burlado supuestamente la suspensión de la organización, en enero, al presentar con luz y taquígrafos en Pamplona su nueva Mesa Nacional.

El mundo político de Batasuna quedó trastocado con ésta y anteriores citaciones judiciales impulsadas por el fiscal Juan Moral. La última actuación judicial fue consecuencia de la decisión que Otegi y sus compañeros adoptaron en una reunión clandestina celebrada el 18 de marzo, cuatro días antes del anuncio del alto el fuego. En aquella reunión, la formación decidió actuar diariamente como si de hecho fuera un partido legal y mostrar a su nueva dirección.

La presión judicial que cayó desde entonces sobre Batasuna la empujó hace dos semanas a amenazar con el bloqueo del proceso si sus líderes iban a la cárcel el pasado jueves tras comparecer en la Audiencia Nacional para responder de sumarios abiertos como consecuencia de sus actividades como organización ilegalizada por la Ley de Partidos.

El reproche de la dirección de Batasuna -cada vez más presionada por sus bases- al Gobierno no era otro que el incumplimiento del compromiso adquirido en las conversaciones previas al alto el fuego permanente de ETA, por el que su retirada de la escena debía suponer el libre juego de la izquierda abertzale.

Dos obstáculos se lo impedían a Batasuna. Por un lado, la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, que ilegalizó la formación de acuerdo con la Ley de Partidos. Por otro, la resolución de Grande-Marlaska del pasado enero, por la que prolongó la suspensión de Batasuna por dos años más y que terminó por trastocar los objetivos de ésta de lograr una legalización de facto.

Ante la situación creada, la formación trasladó su preocupación a todos los partidos vascos, menos al PP. Posteriormente, uno de sus portavoces, Joseba Permach, amenazó con el bloqueo del proceso el 23 de mayo, sólo tres días después de que Zapatero anunciara en Barakaldo (Vizcaya) que comparecerá en breve en el Congreso para dar por abierto el diálogo de su Ejecutivo con ETA. Batasuna, que asumió favorablemente la propuesta en lo que a ETA se refería, se sintió relegada porque el presidente no mencionó a la izquierda abertzale, que entonces afrontaba momentos adversos.

Los socialistas vascos decidieron mover ficha el fin de semana pasado. "Batasuna es un interlocutor necesario", dijo Patxi López en Radio Euskadi la noche del miércoles, nada más concluir el debate sobre el estado de la nación. Esta decisión fue previamente aceptada por el presidente del Gobierno. También fue conocida por Batasuna con antelación. La entrevista -que se celebrará este mismo mes, una vez que Zapatero comunique en el Congreso el inicio del diálogo con ETA-, la decisión de la Audiencia de no encarcelar a Otegi y los otros siete imputados, así como la argumentación del fiscal que facilitó la resolución del juez Grande-Marlaska han sido interpretadas por Batasuna como gestos que allanan el camino del proceso de paz.

La formación ilegalizada interpreta que con el anuncio de la reunión con el PSE se ha producido su reconocimiento político. Con la resolución de Grande-Marlaska y la argumentación del fiscal Jesús Santos, considera que la Justicia ha admitido que las circunstancias han cambiado.

El fiscal Jesús Santos, sustituto de Juan Moral, argumentó en la comparecencia judicial del jueves que los dirigentes de Batasuna no pretendieron con sus últimas actuaciones "contribuir a los fines y objetivos de la organización terrorista ETA, sino recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de la violencia y la consecución de la misma con carácter diferente".

Los últimos acontecimientos son un capítulo relevante, pero uno más, de un largo proceso en el que los gestos de una y otra parte son los protagonistas, según fuentes conocedoras del mismo. "Tras el último gesto del PSE avalado por el presidente del Gobierno ahora corresponde dar el paso a Batasuna. No será otro que la presentación de sus credenciales para acogerse a la legalidad", añaden.

Esta última decisión, que otorga un nuevo impulso al proceso, se convierte en la más importante del mismo desde el alto el fuego de ETA. "Con el regreso de Batasuna a la legalidad pasados dos meses de alto el fuego y tres años sin asesinatos, el sector social al que representa la izquierda abertzale, alrededor del 15% del electorado vasco, aflora a la política, algo con lo que en Euskadi siempre se había soñado. Ahora se está más cerca que nunca de lograr ese sueño", señalaban las fuentes citadas.

Fue lo que se pretendió con el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid, ambos de 1988, y no se logró; también se intentó en los procesos de paz fallidos de 1989 y 1998, y fue lo que retrasó la ilegalización de Batasuna, pese a que todo el mundo conocía en Euskadi su relación con ETA, porque "durante mucho tiempo se quiso dar la oportunidad a la política para que sustituyera a la violencia".

Los implicados en el proceso de paz ven que "esta posibilidad está más cerca que nunca por la disposición más favorable de Batasuna y ETA" al "haber separado el proceso de paz, que corresponde al Gobierno y ETA, del político, que corresponde a los partidos vascos".

En cuanto al Gobierno, le preocupa la actitud del PP por haber retirado su apoyo al diálogo del Gobierno con ETA al avalar el presidente del Ejecutivo la reunión del PSE con la ilegalizada Batasuna. "Esa reunión va a servir para lograr lo que se viene soñando en Euskadi desde hace décadas, que Batasuna entre en la política mientras ETA se retira", insistieron fuentes gubernamentales.

El Gobierno, pese a la actitud del Partido Popular, seguirá adelante con el proceso porque cuenta con el respaldo de todos los demás partidos, con el importante apoyo social en España que reflejan las encuestas y con la propia Unión Europea. "Europa apoya el proceso porque sabe que está construido con mucha seriedad y mayor profesionalidad que los anteriores, que resultaron improvisados", añaden las mismas fuentes.

El proceso abierto con el alto el fuego permanente de ETA, proclamado el pasado 22 de marzo, cuenta con una preparación previa de dos años, con la implicación activa de varios países europeos y con el conocimiento y respaldo de la Unión Europea.