Bienestar Social creará un organismo para resolver problemas de personas discapacitadas

Bienestar Social creará un organismo para resolver de forma específica los conflictos en los que estén implicados personas discapacitadas y enfermas mentales crónicas en cualquier ámbito social. A esta entidad se podrán adherir los comercios que lo deseen y la intención es dotar a estos establecimientos de un sello de calidad en el tratamiento a estas personas. Este organismo, que recibirá la denominación de Junta Valenciana de Mediación y Arbitraje, es uno de los aspectos incluidos en el anteproyecto de la ley de Protección Institucional de las Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental Crónica que ultima el departamento que dirige Alicia de Miguel.

La junta de mediación "admitirá y realizará los arbitrajes que las partes, de común acuerdo, soliciten sobre todos los ámbitos del derecho referidos directamente o que afecten indirectamente a las personas con discapacidad, siempre que sea sobre controversias referidas a materias de libre disposición para las partes".

Fuentes de la consejería apuntan que esta fórmula pretende aportar una calidad añadida en la atención a las personas con discapacidad o enfermedad mental que saben que pueden recurrir a un mediador ante cualquier problema. Esta opción no sustituye la posibilidad de recurrir a la vía judicial, ya que, además, ningún comercio o empresa tendrá la obligación de sumarse a la iniciativa.

La ley excluye de la posibilidad de mediación cuestiones sobre las que haya sentencia judicial firme, aquellas en las que tenga que intervenir el ministerio fiscal en representación de personas que carecen de capacidad de obrar o de representación legal, en situaciones en las que haya indicios de delito o los arbitrajes laborales. El texto establece también que la Consejería de Bienestar Social "creará una bolsa de árbitros y mediadores que cumplan los requisitos de profesionalidad e idoneidad" que se establezcan en la normativa.

Otro de los aspectos que incluye el futuro texto legal es la puesta en marcha del defensor de las Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental Crónica, encargado de "la defensa de los derechos e intereses" de estas personas, "coadyuvando a su promoción y plena integración en la sociedad". Esta persona será la encargada de garantizar las medidas de protección que establece la ley dirigidas a estos colectivos, "atender las quejas, sugerencias y reclamaciones" que se puedan plantear por el funcionamiento deficiente o defectuoso de los servicios sociales y proteger sus intereses en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información.

Junto a esta figura, la ley establece la creación del Observatorio Valenciano de la Discapacidad y la Enfermedad Mental Crónica. Se trata de un órgano adscrito a la Consejería de Bienestar Social "cuya finalidad es ser el principal foro institucional de estudio e investigación en todos los ámbitos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y protección social" de las personas con discapacidad y sus familias. Los ámbitos previstos de estudio del observatorio son la salud, la detección precoz y la atención temprana, el empleo y la formación, la integración escolar, la inclusión social, el ocio cultura y tiempo libre, o la mejora y calidad de servicios sociales, entre otros aspectos.