Hacienda quiere que los nuevos estatutos sean menos ambiciosos en inversiones

Los nuevos estatutos de autonomía deberán mantenerse dentro de ciertos límites para permitir que el nuevo sistema de financiación sea viable y homogéneo, según una de las ideas básicas de la reforma que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, expuso ayer durante la clausura de un seminario sobre política territorial en Sevilla. Entre los que están ya aprobados o en vías de hacerlo, Ocaña dijo que algunos se salen de esos límites, por ejemplo en materia de inversiones. "Hay que asegurar que los estatutos no prejuzguen el conjunto del sistema", señaló.

Es el caso del Estatuto de Andalucía, en tramitación parlamentaria, que establece un volumen de inversiones del Estado para la comunidad en un porcentaje similar al peso de la población en el conjunto nacional. El proyecto de nuevo Estatuto de Baleares fijaba que las inversiones debían mantenerse durante diez años en un porcentaje del 2,5% sobre el total nacional durante el plazo de diez años, pero esta cláusula ha sido retirada.

Según Ocaña, el nuevo Estatuto catalán sí que estaría dentro de los márgenes que a Hacienda le parecen asumibles, porque pone un límite temporal. En concreto, el texto catalán sitúa en siete años el plazo durante el cual la inversión estatal en esta comunidad debe mantenerse en un porcentaje igual al del peso del PIB dentro del conjunto nacional. Se cumpliría así una de las condiciones que el Gobierno central quiere darle al nuevo sistema y que Ocaña definió como "multilateralidad".

Aunque no hay calendario para que entre en vigor el nuevo sistema de financiación, se mantiene la fecha de 2008 como la más factible. El actual modelo no tiene fecha de caducidad, pero el Gobierno central cree que necesita algunos cambios para adaptarse no sólo a los nuevos estatutos. Por ejemplo, para aumentar la capacidad de decisión de las comunidades en cuanto a los ingresos, más ahora que el techo en la participación en los impuestos está muy alto.

Espacios fiscales propios

Ocaña considera que el reparto de 50% en el IRPF, 50% en el IVA y 58% en impuestos especiales que fija el Estatuto catalán es el adecuado para el nuevo sistema y sería aplicable al conjunto de las comunidades. Se mantiene la idea de que las comunidades puedan "crear espacios fiscales propios", mediante la creación de recargos en la fase minorista del IVA (directamente al consumidor) o en los impuestos especiales, como el denominado céntimo sanitario que ya aplican algunas comunidades.

Considera también que hay que mejorar el sistema actual para que pueda adaptarse a los cambios de población, cuestión para la que el modelo vigente es "rígido", según Ocaña. También señala que hay que "afianzar, mejorar y explicitar" los mecanismos de nivelación y solidaridad, para lo cual se mejoraría la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, que ahora es una partida residual del sistema, dotada con unos 1.100 millones de euros anuales.