Fibrocementos superaba los índices de amianto, según la inspección
Un experto resalta la ausencia de controles y equipos hasta 1978
Los índices de fibra de amianto en suspensión en la extinta fábrica Fibrocementos de Levante, de Sant Vicent del Raspeig, superaron los niveles autorizados hasta 1978, según declararon ayer ante el tribunal inspectores del Gabinete de Seguridad e Higiene. En esa fecha no había una normativa sobre los riesgos laborales del amianto. Desde 1984, cuando entró en vigor el reglamento, los niveles se mantuvieron en los límites legales.
En la sesión de ayer del juicio por el caso del amianto -síndrome laboral por inhalación de polvo del mineral que costó la vida a ocho trabajadores y 29 más resultaron enfermos graves- comparecieron, en calidad de testigos, tres inspectores del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Alicante. Según los expertos, el período de incubación de la enfermedad, conocida como asbestosis, oscila entre 15 y 20 años. La mayoría de los casos de operarios enfermos de la fábrica de Sant Vicent afloraron a partir de 1990.
Uno de los funcionarios resaltó que hasta 1978 (la industria Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig estuvo activa desde 1950 hasta 2003) las condiciones de trabajo en la fábrica eran "antirreglamentarias" y que la empresa tampoco había "equipos" técnicos para corregir la situación. No obstante, los funcionarios precisaron que hasta esa fecha no existía una reglamentación específica sobre los riesgos laborales del amianto, salvo la ordenanza laboral por el uso de sustancias nocivas y peligrosas.
El reglamento del amianto entró en vigor en 1894. Desde esa fecha, uno de los funcionarios que declaró subrayó que "los informes siempre fueron positivos" y que no le constaba que la inspección levantase actas de infracción por incumplir el reglamento del amianto. El informe de este funcionario, recoge, además, que a partir de 1982, cuando la empresa instaló nuevos equipos en la fábrica, "los niveles de amianto se redujeron entre 20 y 30 veces en relación con los índices anteriores".
Los otros dos funcionarios rechazaron que los trabajadores de la factoría les trasladaran quejas relativas a la falta de información sobre los controles médicos que les realizaba la empresa.
Por estos hechos están acusados dos directivos de la Fibrocementos, perteneciente al Grupo Uralita, y dos médicos de empresas. El fiscal pide para cada uno de ellos tres años de cárcel por 8 delitos homicidios por imprudencias y 29 de lesiones.
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