El Tribunal de Cuentas investiga pagos del Consistorio de Benidorm a firmas irreales

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por presuntas irregularidades contables al Ayuntamiento de Benidorm relacionadas con pagos por la compra de materiales de limpieza por 0,5 millones de euros a empresas inexistentes. La iniciativa del tribunal es consecuencia de una denuncia presentada por el PSPV. El concejal socialista Luis Ángel García presentó en septiembre de 2005 la denuncia por irregularidades contables al Síndic de Greuges. Un mes después, la Sindicatura remitió los hechos al máximo órgano de fiscalización de las cuentas públicas.

Una firma facturaba por el doble del valor de los productos que suministraba

Los hechos se centran en la adquisición de productos y mercancías elaborados a empresas inexistentes y pagar por ellos precios abusivos. Según García, el consistorio benidormense, gobernado por el PP, compró productos de limpieza y pintura para señalización vial a C.N.Q. Euroquímicas Inves S.L., desde mediados de los 90 hasta el año 2000, a un coste que alcanzaba hasta un 473% más alto que el resto del mercado. García mantiene que en la factura de la empresa figuraba el nombre de una marca, con un coste de 875 pesetas el kilo, pero que la que realmente suministraba al almacén municipal era otra de calidad y precio menor, a 185 pesetas el kilo.

En las etiquetas de esta mercantil, administrada por José Luis Pérez Crujeiras, figuraba como domicilio una avenida inexistente en Caudete (Albacete) y un código postal y fax de Alicante. Cuando el PSPV lo denunció en el año 2000 el consistorio, presidido por Vicente Pérez Devesa, modificó el sistema de compras, creando el departamento de contratación. Fue entonces cuando el mismo empresario creó la empresa C.N.Q. Al-Ka.Deuska S.L., que facturó al Ayuntamiento solo un día después de su constitución, en el mes de febrero. La empresa utilizó el mismo apartado de correos de Alicante que su predecesora, C.N.Q. Euroquímicas Inves S.L., pero en esta ocasión con domicilio en Benidorm. El empresario Crujeiras, que en algunos documentos aparece como Cruxeiras, también está relacionado con Las Calas del Tosal S.L., a través de la cual suministró durante años productos de limpieza por un valor superior al del mercado, según el PSPV.

El expediente incluye también los sobrepagos a la empresa Milagros Romero Brionet, que a pesar de que en su epígrafe fiscal aparece la "ferretería", vendió durante años todo tipo de productos al consistorio, como vinagre, telas y mantas, que según la oposición, compraba a terceros proveedores. La empresaria, con grandes vínculos de amistad con el primer edil según el PSPV, facturaba al Ayuntamiento por el doble del valor de los productos que le suministraba.

El principal partido en la oposición teme que el Gobierno del PP haya funcionado de esta forma durante toda la década, pagando precios abusivos superiores a los establecidos en el mercado a "empresas amigas", algunas "tan sospechosas como las de Crujeiras". García asegura además que las facturas estaban "mal cumplimentadas y se ha admitido productos diferentes a los reflejados en la factura".

El Tribunal de Cuentas ha iniciado diligencias, pero todavía no se ha pronunciado sobre si las anomalías denunciadas pueden ser objeto de fiscalización por manejo de caudales en los términos referidos en el artículo 46.2 de la ley original 2/82 de 12 de mayo por los que se rige esta instancia. Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento cuando el Tribunal de Cuentas le dio traslado de la denuncia se basan precisamente en este hecho, ya que según afirma en su escrito, "los actos que pudieran ser ilícitos no corresponde resolver a este tribunal".

El mismo tribunal investiga la gestión del consistorio por las presuntas "irregularidades en la gestión económico-financiera" del Ayuntamiento en referencia al repostaje de combustible de gasolina por los vehículos municipales en un establecimiento propiedad del presidente del partido, Francisco Pérez. La investigación también alcanza al uso de los vales oficiales para vehículos particulares de los funcionarios e incluso su lavado en la misma gasolinera.