La Audiencia Nacional deja libres a Arnaldo Otegi y otros siete dirigentes de Batasuna

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó ayer en libertad a ocho dirigentes de la ilegalizada Batasuna, entre los que figuraba su portavoz, Arnaldo Otegi. El juez impuso a Joseba Permach la obligación de comparecer diariamente en la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio así como la prohibición de salir de España. El magistrado amplió la imputación de pertenencia a banda armada, por la que todos ellos están procesados, a la de amenazas terroristas, si bien considera que Permach con sus declaraciones demostró "una función principal".

La Fiscalía no pidió la modificación de la situación de ninguno de los imputados por considerar que no existe reiteración delictiva. A su entender, las conductas por las que les ha interrogado el juez "no pueden constituir nuevas actividades incardinadas en el delito de integración en organización terrorista".

Según el fiscal, los dirigentes de Batasuna no han pretendido con sus actuaciones "contribuir a los fines y objetivos de la organización terrorista ETA, sino recuperar la presencia institucional de la ilegalizada Batasuna en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo".

El fiscal diferenció la actual conducta de los dirigentes de Batasuna de la que mantuvieron en la convocatoria de una jornada de huelga general, en que era previsible la comisión de desórdenes públicos. Respecto a los delitos imputados, la Fiscalía sostuvo que podría existir una vulneración de medida cautelar por parte de Otegi, pero ese delito está castigado con una multa, lo que no agravaría la media cautelar decretada.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a través del letrado Juan Carlos Rodríguez Segura, y la Asociación Dignidad y Justicia, por medio de los abogados José María Ruiz y Joaquín Ruiz Infante, solicitaron la prisión preventiva para los ocho procesados. Únicamente Dignidad y Justicia admitió para Karmelo Landa que la prisión fuera eludible con fianza de 400.000 euros.

Previamente habían comparecido ante el juez Joseba Permach, Pernando Barrena, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Álvarez. Igual que el día anterior hicieran Jon Gorrotxategi, Rufino Etxeberria, Karmelo Landa y Arnaldo Otegi. Todos ellos se negaron a contestar las preguntas formuladas por el juez, el fiscal o el resto de las partes, salvo las dos que contestó Permach.

Proyecto Udaletxe

El magistrado les había procesado a lo largo de 2005 por un delito de pertenencia a banda terrorista, ya que entiende que Batasuna, se configura en el denominado Proyecto Udaletxe, como una de las grandes empresas de ETA, que sirve para financiar a la organización, la nutre de militantes y está subordinada a las decisiones de la dirección de ETA. Sin embargo, el pasado viernes Grande-Marlaska les imputó un nuevo delito, amenazas terroristas, al que corresponden penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

El magistrado considera que la reciente actividad de Batasuna supone una continua reiteración delictiva, ya que la formación política fue ilegalizada por aplicación de la ley de partidos y sus actividades suspendidas en el marco del proceso penal que se sigue contra sus dirigentes.

La reiteración delictiva se sustenta, según el juez, en la formación de una nueva Mesa Nacional de Batasuna, como consecuencia de un debate interno de un año de duración, así como su presentación pública en el Hotel de los Tres Reyes, de Pamplona (Navarra) el pasado 24 de marzo.

Igualmente, el magistrado aprecia delito en la presentación de los interlocutores de Batasuna en la mesa de diálogo que está reivindicando la izquierda abertzale. Esta comisión fue presentada Además, el juez agregó el pasado viernes la imputación por delito de amenazas terroristas al tener en cuenta también en Pamplona el 24 de mayo pasado.

Poco después, Joseba Permach, coordinador de la Mesa Nacional y que actúa también de coportavoz de la coalición se descolgó con unas declaraciones en las que amenazaba con bloquear el proceso de paz si los dirigentes de Batasuna resultaban finalmente encarcelados por el juez Grande-Marlaska. El magistrado consideró que esos actos podían constituir un delito de amenazas terroristas "al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones".

El magistrado ponía todo ello en relación con la reciente entrevista concedida por dirigentes de ETA al diario Gara, el pasado 14 de mayo, en la que destacaban que el fin de la violencia no sería posible sin la incorporación de Navarra a Euskadi y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Además, exigían el fin de los procesos judiciales y la legalización de Batasuna.

El juez sostenía el viernes que todo ello -la formación de la nueva Mesa Nacional, la designación de la comisión negociadora, las declaraciones de Permach y la entrevista de la dirección de ETA- forma parte "de un ideario común, tratando de hacer depender una concreta y alegada situación de ausencia de violencia y otras conductas criminales, de un concreto comportamiento contrario por parte de los poderes legítimos del Estado". Ese ideario común, según el juez "constituye base histórica para poder verificar indiciariamente la comisión del delito de amenazas". Hasta el día de ayer, Arnaldo Otegi había constituido fianzas por importe de 650.000 euros.