El Ayuntamiento redactará un plan de usos culturales que obligue a conservar el Albéniz

El Consistorio pide a la Comunidad que compre el teatro, tal y como prometió en campaña

El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad elaborar un Plan de Ordenación de Usos Culturales en el que quedará incluido el teatro Albéniz. El Consistorio tratará de impedir así la conversión de la emblemática sala en un centro comercial, sorteando el fallo judicial que permite el cambio de uso. "La sentencia dice que el edificio no tiene valor suficiente para estar protegido, pero no dice nada del suelo. Lo que vamos a hacer es vincular la protección al suelo. Eso evitará el cierre del teatro", según la edil de Urbanismo, Pilar Martínez. El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad que compre el Albéniz como consta en el programa electoral de Esperanza Aguirre (PP).

El compromiso municipal para intentar salvar el Albéniz quedó plasmado en una propuesta presentada por IU y modificada parcialmente para lograr el respaldo del PP. El PSOE también votó a favor, aunque su concejal Óscar Iglesias advirtió de que las medidas propuestas "llegan tarde y son insuficientes". "De la desidia ante este asunto, el gobierno municipal ha pasado a querer conservar el teatro. Lo apoyamos. Pero esta decisión llega tarde para otros, los cines que han tenido que cerrar por el triunfo de la especulación frente a la memoria cultural", dijo Iglesias.

El Teatro Albéniz (calle de la Paz, 11) está protegido por el Plan General de 1997, pero los dueños recurrieron esa normativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y éste les dio la razón en una sentencia de junio de 2003 -firme y pendiente de ejecutar desde junio de 2005-. Los jueces concluyeron que el edificio que alberga el teatro -construido en 1945 pero modificado sucesivas veces- no tiene valor arquitectónico suficiente como para gozar de protección urbanística.

"Una visión estrictamente arquitectónica que no repara en la importancia de los usos. Puede que el Albéniz no sea el Taj Mahal, pero sí es un excelente teatro. Un emblema de la actividad cultural madrileña", criticó Concha Denche (IU).

La concejal de Urbanismo empezó diciendo que la sentencia hay que cumplirla porque lo contrario implicaría "desacato por parte del Ayuntamiento", y por eso rechazó la petición del PSOE de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). "Si el juez ha dicho que no puede protegerse el edificio, no puede protegerse", advirtió.

Pero a continuación planteó una fórmula alternativa para salvar el teatro, que es la que quedó plasmada en la proposición de PP e IU: el Ayuntamiento elaborará un Plan de Ordenación de Usos Culturales que fijará ese uso para determinados suelos. Entre otros, el suelo en el que ahora se levanta el Albéniz. Así que los propietarios podrían tirar el edificio porque el juez se lo ha permitido, pero no construir en su lugar nada que no fuera un teatro. "O un centro comercial pero que incluya un teatro", matizó Martínez.

El plan estará listo "en seis meses", según la concejal, que confió en que nada suceda antes con el Albéniz. "Los propietarios nos han dicho que no harán nada en contra de nuestras intenciones, y ya se las hemos comunicado", dijo.

El pleno aprobó, además, instar a la Comunidad de Madrid a que compre el Albéniz y le dé una gestión pública. El socialista Óscar Iglesias recordó que el programa con el que la hoy presidenta regional, Esperanza Aguirre, ganó las elecciones de 2003 preveía "la adquisición del teatro Albéniz".

Fábrica en peligro

Los tres grupos se pusieron también de acuerdo para intentar frenar el cierre de la fábrica en Madrid de Tyco-Microser, una empresa de montaje de componentes electrónicos que lleva 30 años en la calle de Julián Camarillo (San Blas) y ahora desmantela sus instalaciones para trasladarlas a Valladolid y a China. El expediente de regulación de empleo supone el despido de casi 400 trabajadores con indemnizaciones que dirección y sindicatos están negociando.

Varias decenas de empleados de Tyco se manifestaron ayer con pitos y pancartas a las puertas de la Casa de la Villa. Dentro, PP, PSOE e IU acordaron instar al Gobierno central a rechazar el expediente de regulación de empleo y aprobaron buscar un suelo alternativo para intentar que la fábrica se quede en la región. Además, firmaron un compromiso: el Ayuntamiento no recalificará (es decir, no cambiará el uso) ningún suelo industrial ligado al cierre o traslado de una empresa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 31 de mayo de 2006.