El Gobierno apoya la denuncia de la Policía Local al alcalde de Palos

Un informe elaborado por la Guardia Civil y por la abogacía del Estado a instancias de la subdelegación de Gobierno en Huelva revela que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (PP) ha infringido la "ley de coordinación de Policías Locales" al atribuir labores propias de este cuerpo a vigilantes privados. El informe corrobora las denuncias realizadas por el sindicato CSI-CSIF. La plantilla de la Policía Local de Palos, conformada por 14 agentes, ya presentó una querella en enero del 2005 contra el alcalde, Carmelo Romero, por entender que el regidor los había "dejado sin función relegándolos a realizar turnos de trabajo en lugares apartados y sin utilidad, como un escombrero o la depuradora". Por el contrario, las funciones propias de la Policía Local la desarrollaban "vigilantes que no cumplen los requisitos y sin titulación alguna". La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Moguer (Huelva).

El informe recoge que "los vigilantes llevan los mismos signos y distintivos de los oficiales, exceptuando el escudo, y que desempeñan funciones referentes a este cuerpo, mientras que los agentes no tienen tarea alguna".

El abogado de los policías, Faustino de la Banda, afirmó ayer que adjuntará las conclusiones de ese informe a la querella, en la que acusan al alcalde de cuatro presuntos delitos: prevaricación, usurpación pública, contra el derecho de los trabajadores y desobediencia a la justicia.

Poder coercitivo

Faustino de la Banda precisó que el documento supone "contar con una prueba más que viene a corroborar los hechos que venimos denunciando. Se trata de la constatación de la Guardia Civil y de la abogacía del Estado de que la legalidad existente no se cumple". De la Banda indicó que el informe carece de "poder coercitivo", pero precisó que "es válido en caso de juicio". "Tiene valor si el subdelegado del Gobierno da el siguiente paso y reclama explicaciones al Ayuntamiento", explicó.

De la Banda señaló que incorporarán también a la querella las últimas sentencias falladas en contra del alcalde con el objetivo de que el juez "tenga un amplio conocimiento de lo que está pasando". En los últimos meses distintos juzgados han dictado hasta siete sentencias que dan la razón a los policías. En la última resolución, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Huelva ha dictado una sentencia con fecha del 2 de mayo de 2006 que considera "nula por ser contraria a derecho" una resolución emitida por el alcalde que obligaba a un policía a desempeñar su labor en un vertedero de plásticos agrícolas.

De la Banda agregó: "Hemos pedido a algunos juzgados que se libren de oficio para que puedan ofrecer su testimonio de las sentencias emitidas así como de los incumplimientos de alguna de ellas por parte del alcalde". Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Palos se limitaron ayer a decir que "desconocen" ese informe.