El Ejecutivo incumple el plazo para remitir a la Cámara un informe sobre altos cargos

El Gobierno suma ya un retraso cercano a los dos meses en la obligación de remitir al Parlamento un informe sobre el grado de aplicación de la normativa que regula las incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo, los altos cargos de la Administración y los directivos de los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas. La Cámara instó al Gabinete a comienzos de diciembre pasado a que le enviase ese texto durante los siguientes cuatro meses.

Ese plazo se cumplió el 2 de abril, pero el documento no ha llegado aún al Legislativo, lo que ha motivado una doble reclamación del PSE: una pregunta, que deberá contestar en el pleno la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a la que se piden explicaciones por el retraso en cumplir el mandato parlamentario, y una solicitud de información documentada, que reitera la petición que pactó el PSE con los grupos del tripartito y apoyaron también el PP y Aralar.

Aquel texto acordado pedía también al Gobierno que precisase las modificaciones legales y reglamentarias que, a su juicio, hubiese que abordar y que estuvieran listas en un año. Un mes después, dejaba su cargo el director de Inmigración, Omer Oke, tras lo cual se supo que no había declarado en el registro de actividades la franquicia de una agencia de viajes de la que era titular.

Tres leyes

La legislación que regula las incompatibilidades se halla dispersa en tres leyes (la de Gobierno de 1981, la de Incompatibilidades de 1983 y la de Retribuciones de 1988) y dos decretos de 1999 que pusieron en marcha los registros de bienes patrimoniales y de actividades de los miembros del Ejecutivo y los altos cargos.

El PSE persigue desde la pasada legislatura que el Gabiente envíe a la Cámara un proyecto de ley que unifique toda esa normativa e incorpore lo que no está previsto en ella, dado el nacimiento de innumerables empresas o entidades públicas o mixtas en que participan la Administración general o las forales y locales.

El Gobierno adujo inicialmente que tenía en cartera ese proyecto, pero se echó luego atrás al estimar "adecuada" la regulación existente y satisfactorio su cumplimiento. "No se han producido incidencias que hagan aconsejable su modificación", señaló el Ejecutivo.

En el camino se han registrado casos como los de los ex consejeros Javier Retegi e Inaxio Oliveri o el diputado de Hacienda vizcaíno Javier Urizarbarrena. Todos ellos se incorporaron, tras dejar sus cargos en la Administración, sin solución de continuidad a empresas privadas relacionadas con su anterior quehacer público, lo que no limita la ley vasca, aunque sí la estatal.

Otras situaciones controvertidas fueron las dimisiones temporales de altos cargos del PNV, EA y EB para presentarse a las elecciones, que regresaron a sus puestos tras no ser elegidos. Algunos fueron además contratados como asesores en ese plazo intermedio para que siguiesen cobrando un sueldo público.