La Junta y el alcalde de Almuñécar acuerdan coordinarse en urbanismo

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) se prometieron ayer acercar posturas en materia urbanística después de meses de enfrentamiento. El alcalde de la localidad granadina, el independiente Juan Carlos Benavides, se reunió con el delegado provincial de Obras Públicas, Pedro Álvarez, y se mostró dispuesto a colaborar con la administración autonómica para que sean las dos administraciones y no los tribunales de justicia los que determinen los criterios que deben regir el urbanismo de la localidad costera. La Junta ha señalado en alguna ocasión al Ayuntamiento de Almuñécar como uno de los candidatos para que se le retiren las competencias urbanísticas,

Al término del encuentro, Álvarez y Benavides se mostraron "satisfechos" con el diálogo iniciado. El delegado se felicitó por lo que entiende como un "cambio de postura" del alcalde de Almuñécar. "Parece dispuesto a buscar una coordinación técnica en materia urbanística y ambiental y a abandonar la posición de confrontación". Según Álvarez, el Ayuntamiento "quiere adherirse lo máximo posible a la normativa autonómica". Benavides propuso la creación de una comisión técnica entre las dos administraciones, pero Álvarez expuso que no hay ninguna "situación extraordinaria" que aconseje esta medida en Almuñécar.

La coordinación empezará a llevarse a la práctica el próximo jueves, cuando está prevista la primera reunión entre técnicos municipales y de la Junta. Entre otros aspectos, tendrán que analizar uno por uno los casos que ya han llegado a los juzgados para ver si, en alguno de ellos, es posible alcanzar un acuerdo sin necesidad de que el juez resuelva. Según Álvarez, los técnicos también deberán empezar a aunar los criterios de interpretación del PGOU vigente, que data de 1987. "Hay muchos aspectos obsoletos que no recoge la ley actual y debemos cercar el abanico de interpretaciones".

Si la coordinación fructifica, la intención es que los contactos sean permanentes en la redacción definitiva del nuevo PGOU, cuya aprobación inicial está en fase de alegaciones.