El Supremo declara víctima del terrorismo a un joven asesinado en 1976

El Tribunal Supremo ha reconocido como víctima del terrorismo a Carlos González Martínez, un estudiante de 21 años asesinado en Madrid en 1976 por pistoleros de ultraderecha cuando se manifestaba contra los últimos fusilamientos del franquismo. La sentencia anula un acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 2005 que le denegó una condecoración alegando que fue víctima de una "banda armada".

Carlos González Martínez fue asesinado el 27 de septiembre de 1976 en la calle Barquillo de Madrid, al grito de "Viva Cristo Rey", cuando participaba en una manifestación convocada por la Coordinadora pro Amnistía, para conmemorar el primer aniversario de los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP ocurridos en 1975. Fue alcanzado por dos impactos de bala disparados por un individuo, que nunca fue identificado, y que formaba parte de un grupo de contramanifestantes de extrema derecha.

Después de 30 años, la madre de Carlos González, Margarita Martínez Corredor, ha conseguido para su hijo el reconocimiento como víctima del terrorismo, condición que le fue denegada por en mayo del pasado año por el Consejo de Ministros. El fallo del Supremo sólo le concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo, pero no una indemnización que fue reclamada erróneamente después de presentada la demanda. No obstante, fuentes del Supremo precisaron que a partir ahora la demandante puede solicitarla ante el Ministerio del Interior, al amparo del Real Decreto 1912/1999.

Motivos políticos

La madre de Carlos González reclamó dicha condecoración argumentando que la muerte de su hijo se debió a claros motivos políticos, y fue la primera ocurrida en una manifestación en Madrid. Además, la Secretaría de Estado para la Seguridad, del Ministerio del Interior, la incluyó en un informe sobre Datos estadísticos de víctimas del terrorismo desde el 1-1-1968 al 31-12-1987, reputándola consiguientemente como un acto terrorista realizado por un grupo armado incontrolado de extrema derecha, que tenía como fin alterar la paz para la imposición de determinados postulados ideológicos y conseguir el fracaso de la Transición española.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Margarita Robles, rechaza la distinción entre "víctimas de bandas armadas" y de "elementos terroristas" que hace la Abogacía del Estado, dado que la muerte se produjo en una manifestación de protesta en el primer aniversario de los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP, por impactos de bala disparados por contramanifestantes de ultraderecha. Pero sobre todo, porque la propia Administración, "a través del órgano más cualificado para ello, como es el Ministerio del Interior, reconoció que González fue víctima de un acto de terrorismo" al incluirle en la relación elaborada por la Secretaría de Estado para la Seguridad.