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Policía, Guardia Civil y Mossos no comparten los datos operativos sobre la delincuencia

Los 367 guardias civiles que se enviarán de refuerzo a Cataluña serán agentes en prácticas

La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d'Esquadra no comparten información sobre las operaciones que cada cuerpo tiene en marcha, según han confirmado fuentes de cada cuerpo, de Interior y de sindicatos policiales. La ausencia de un único punto de coordinación de todas estas operaciones y los continuos encontronazos entre cuerpos cuando investigaban un mismo delito o conexos son dos de las razones que han llevado al Gobierno a decidir la creación del Centro de Inteligencia contra la Criminalidad Organizada (CICO), ya que ahora, aparte de las bases de datos sobre huellas, reclamados, extranjeros y algo sobre drogas, los cuerpos no comparten información de operaciones abiertas.

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La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d'Esquadra no comparten información sobre las operaciones que cada cuerpo tiene en marcha, según han confirmado fuentes de cada cuerpo, de Interior y de sindicatos policiales. La ausencia de un único punto de coordinación de todas estas operaciones y los continuos encontronazos entre cuerpos cuando investigaban un mismo delito o conexos son dos de las razones que han llevado al Gobierno a decidir la creación del Centro de Inteligencia contra la Criminalidad Organizada (CICO), ya que ahora, aparte de las bases de datos sobre huellas, reclamados, extranjeros y algo sobre drogas, los cuerpos no comparten información de operaciones abiertas.

La falta de coordinación entre cuerpos policiales es un mal endémico, acrecentado con la implantación de las policías autonómicas. Las unidades son celosas de los datos obtenidos en sus propias investigaciones, por lo que, finalmente, son órganos superiores, generalmente la Secretaría de Estado de Seguridad, los que se encargan de cruzar datos. Ese hecho ha llevado a crear organismos como el mando único o el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, o el CICO que ahora se anuncia.

Los datos de pesquisas sobre delincuencia, organizada y común, son almacenados por cada cuerpo. La policía tiene su propia base de datos (GATI, Grupo de Análisis y Tratamiento de Información), la Guardia Civil otra (Intpol-Europj), los Mossos la suya, como también la Ertzaintza tiene la propia. Esos datos sólo se comparten en caso de que se decidan operaciones conjuntas, pero no de manera habitual y sistemática. La única información que pueden llegar a compartir todos ellos es la alojada en el llamado SRI-Senda, dedicada a drogas y coordinada por el Plan Nacional sobre Drogas. Pero los datos que ahí se almacenan son a toro pasado, es decir, una vez concluida la operación.

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Del resto, apenas se comparte nada. Sí pueden acceder todos los cuerpos al sistema SIS-Sirene, una base de información del espacio Schengen. Y, desde luego, también todos pueden acceder a la base de datos de señalamientos nacionales (Perpol-BDSN), donde vienen todos los buscados por la justicia; sobre Extranjería (Adextra), para conocer la situación legal en España de un foráneo; la de huellas (SAID), a la que sí acceden Guardia Civil y policía, y la de balística (SAIB), que en realidad son múltiples bases de datos de cada cuerpo, pero dotada de "un interconector de búsquedas".

Ahora está arrancando el Sistema Unificado de Consultas de las Bases de Datos (SUBA), referida al DNI, armas y explosivos, viajeros y alquiler de vehículos, reconocimiento de voces, ADN y huellas dactilares, por ahora sólo destinada a la coordinación entre policía y Guardia Civil, pero no de los cuerpos autonómicos.

La oleada de asaltos a chalés que padece Cataluña -25 atracos en los últimos meses, algunos con inusitada violencia- ha puesto en evidencia en parte esta falta de coordinación entre las distintas policías. Los responsables políticos de la seguridad pública están muy presionados por los habitantes de las zonas de Cataluña que están siendo pasto de las bandas. Prueba del desasosiego es la reunión que mañana celebrarán en Barcelona el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la consejera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, y el delegado del Gobierno, Joan Rangel. Con ellos estarán los más altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra. Objetivo: escenificar la coordinación de las tres policías ante la opinión pública.

En el encuentro, los responsables políticos de los tres cuerpos y los altos mandos analizarán el recentísimo fenómeno en Cataluña de la aparición de bandas especializadas en asaltar casas aisladas y la fuerte alarma social por este tipo de delincuencia, protagonizada supuestamente por bandas procedentes de Rumania o Kosovo.

Para reforzar esta zona serán enviados los 367 guardias civiles que anunció el miércoles el presidente del Gobierno en el Congreso. Estos agentes, en prácticas, pertenecen a la Academia de Baeza.

En Cataluña, las competencias de orden público y seguridad ciudadana están repartidas entre el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la Guardia Civil y los Mossos. El despliegue de la policía de la Generalitat y el consiguiente repliegue del CNP y la Guardia Civil se inició hace más de 10 años, y está previsto que concluya en 2008. En aquel momento, los Mossos serán la policía ordinaria de las cuatro provincias catalanas.

Pero mientras una policía se va retirando, la otra todavía no llega. Y esto es lo que sucede en algunas comarcas de Tarragona, donde las policías titulares del orden público son el CNP y la Guardia Civil, y en las que hay un déficit de agentes. Además, para complicar la situación, en un pueblo la policía ordinaria es la Guardia Civil y en el de al lado son los mossos los encargados de las tareas de seguridad ciudadana. Esto sucede en una franja fronteriza entre las provincias de Lleida y Tarragona, que en el último mes ha sido especialmente castigada por los atracadores, que se mueven en esta tierra de nadie con una relativa tranquilidad, y que aprovechan la ausencia de agentes para perpetrar golpes que amedrentan a la población.

Precisamente ayer, el presidente de la Diputación de Lleida, el convergente Isidre Gavín, y algunos alcaldes del mismo color político reclamaron a la Generalitat que intensifique la presencia de los Mossos en las comarcas leridanas del Segrià y Les Garrigues, las que hacen frontera con Tarragona, demarcación en que la competencia es de la Guardia Civil, para combatir el auge de las bandas de asaltadores, informa Lluís Visa.

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