La Audiencia Nacional no prevé adoptar nuevas medidas cautelares contra Otegi

En un intercambio de impresiones entre la fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 5 no se apreció ayer actividad delictiva en el acto público del líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, celebrado el pasado miércoles en Pamplona. Se estima que no se hizo en nombre de Batasuna ni hubo presencia de sus símbolos y que pretendía invocar negociación política. Tampoco se prevé por la fiscalía solicitar medidas de prisión en la comparecencia de Otegi y otros siete dirigentes de Batasuna prevista para el 31 de mayo y el 1 de junio por la constitución de la nueva Mesa de Batasuna.

El Gobierno asegura que "hace lo que debe para lograr un consenso nacional" sobre la paz

El pasado miércoles, Arnaldo Otegi promovió en Pamplona, en acto público, una "comisión negociadora", integrada por él y otras cinco personas, en una futura y eventual mesa de partidos vascos convocada para debatir los llamados aspectos políticos del conflicto vasco. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez a cargo del juzgado central de instrucción número 5, Fernando Grande-Marlaska, intercambiaron ayer sus impresiones sobre el alcance de dicho acto y sus implicaciones respecto de la prohibición que pesa sobre la ilegalizada Batasuna de realizar actos públicos.

Según estas fuentes, ni la Fiscalía ni el juez aprecian, en estos momentos, una actividad delictiva en la comparecencia de Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale. El acto, explicaron, no se hizo en nombre de Batasuna, ni fue amparado en símbolos de dicha organización ilegalizada. Y con independencia de la opinión que pueda merecer la presentación de una comisión negociadora y la convocatoria de una mesa de partidos vascos, lo cierto es que ambas cosas no se sitúan en la reivindicación de la violencia y el terrorismo. Postular la negociación, con todo lo polémico que pueda resultar por parte de Batasuna, podría en este caso formar parte de la libertad individual de expresión.

En el intercambio de puntos de vista, añadieron las fuentes consultadas, también se abordó la comparecencia de Otegi y los demás miembros de la nueva mesa nacional de Batasuna los próximos 31 de mayo y 1 de junio en calidad de imputados por el acto celebrado el pasado 23 de marzo en un hotel de Pamplona para presentar precisamente dicha mesa. El juez Grande-Marlaska citó el pasado 19 de mayo a siete participantes en la conferencia y también a Otegi, aunque éste último no estuvo presente, a instancias de la Fiscalía, según la cual el citado acto contravenía la suspensión de actividades resuelta por el juez.

Las fuentes consultadas apuntan que Otegi no participó en el acto y tienen en cuenta que la mayoría de los otros dirigentes, excepto uno, ya son objeto de medidas cautelares. La Fiscalía no contempla solicitar una medida de prisión tras comparecencias. Con todo, fuentes judiciales y fiscales advierten en las declaraciones públicas de los miembros de la ilegalizada Batasuna una clara intención provocadora.

El Gobierno respondió ayer al desafío de Batasuna con un doble criterio. Por un lado, defendió la aplicación de la ley y el respeto a las decisiones de los jueces. Por otro, reclamó a Batasuna y a todas las fuerzas políticas "confianza" en el proceso. "El Gobierno está haciendo lo que debe para llegar a un gran consenso democrático nacional que permita aprovechar la oportunidad y pasar definitivamente la página del terrorismo de ETA", dijo el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

El Ejecutivo se refirió con ello a que tanto los partidos como las fuerzas sociales, especialmente la implicadas en el proceso -como los fiscales y los jueces- deben tener en cuenta la nueva situación política y el nuevo clima social originados tras el alto el fuego de ETA del pasado 22 de marzo. También reclamó a Batasuna que siga las pautas marcadas por la ley para salir de la situación de ilegalización en que se encuentra. Esto es, que se acoja a la Ley de Partidos y presente nueva sigla y estatutos en el registro de partidos.

Los socialistas vascos, que desempeñaron un papel clave en las dilatadas conversaciones que precedieron al alto el fuego de ETA, tomaron ayer en serio la amenaza de Batasuna, algo que no había sucedido con las presiones que la izquierda abertzale ha hecho con la mesa de partidos a lo largo de los últimos días. El PSE sabe que el cese de ETA implicaba la vuelta a la política de Batasuna y que el principal problema de este partido no radica en su regreso a la legalidad, sino en los sumarios pendientes de sus dirigentes.

Los socialistas vascos se remitieron ayer a la posición hecha pública por su secretario general, Patxi López, hace tan sólo unos días, respaldada por la Ejecutiva de su partido. López pedía, en un foro madrileño, a jueces y fiscales que tuvieran en cuenta el nuevo contexto político a la hora de aplicar las leyes.

El dirigente socialista vasco se refería al artículo 3.1 del Código Civil que señala: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

Esta posición del PSE es compartida por todas las fuerzas políticas vascas, con la única excepción del PP. "Es inaceptable que un grupo terrorista convoque ruedas de prensa y amenace a España", aseguró ayer por la mañana Mariano Rajoy, líder del PP, en referencia el acto de Batasuna el pasado miércoles. Rajoy reclamó "una respuesta jurídica y política" para que Batasuna no siga, según su criterio, "amenazando a España", informa Pilar Marcos. Como respuesta jurídica, Rajoy exigió la intervención inmediata del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que Batasuna "deje de actuar como si fuera un partido legal".

Rajoy reiteró los límites del apoyo del PP al Gobierno tras el alto el fuego de ETA. Calcó la declaración de Ángel Acebes, su número dos, el lunes: "El Gobierno no tiene el aval del PP para negociar nada con ETA". "Este partido apoya al Gobierno para derrotar a ETA y sólo para derrotar a ETA, y para verificar la decisión irreversible de ETA de dejar las armas. Sólo para eso".