Los británicos se jubilarán a los 68 años, pero tendrán mejor pensión

El Gobierno británico ha decidido elevar progresivamente la edad de jubilación a partir de 2024, hasta situarse en 68 años en el año 2044 (ahora son 65 años). El incremento de las pensiones públicas estará ligado a los salarios en lugar de a la inflación y se incentivará el sistema privado de pensiones creando un fondo obligatorio para los nuevos empleos con aportaciones de empresas, empleados y, en menor medida, del Estado.

Las propuestas, contenidas en un Libro Blanco presentado ayer en los Comunes, han sido consensuadas por el primer ministro Tony Blair y el responsable del Tesoro, Gordon Brown. Las novedades deberán entrar en vigor en su mayoría en 2012 y sólo afectarán a los trabajadores que ahora tienen menos de 47 años. "Hay detalles que divergen de lo que habíamos propuesto, pero están en un 90% o 95% en línea con las recomendaciones de la Comisión de Pensiones", admitió lord Turner, presidente del grupo de expertos que han pasado tres años estudiando la reforma.

En síntesis, el nuevo sistema pretende mejorar las pensiones públicas -en el Reino Unido son muy inferiores a las de países como España- e incentivar las privadas. Aunque en conjunto el sistema es teóricamente más caro, en la práctica no lo es debido a los ahorros que se generarán al prolongar la vida laboral de los futuros pensionistas. Especialmente de las mujeres, cuya edad de jubilación es ahora de 60 años, frente a los 65 años de los hombres.

La edad de jubilación tanto de hombres como de mujeres se retrasará a 66 años en 2024, 67 años en 2034 y 68 años en 2044, con dos años de transición en cada caso. Como contrapartida, el mínimo de años a cotizar para tener derecho al 100% de la pensión pública se reduce a 30 años, frente a los actuales 39 años para las mujeres y 44 años para los hombres.

Con el nuevo sistema, el incremento de las pensiones públicas se vincula a los salarios y no a la inflación y desaparece el tramo calculado en función del nivel de vida porque se considera que desincentiva el recurso a las pensiones privadas, que seguirán siendo clave para garantizar una buena pensión tras la jubilación.

Hucha complementaria

Para asegurar el éxito del sistema privado, el Gobierno se inclina por una de las propuestas más polémicas de lord Turner: la creación de un sistema nacional al que deberán acogerse obligatoriamente los nuevos empleados, salvo que renuncien a ello expresamente. Los empleados deberán aportar un 4% de su salario, las empresas un 3% y el Estado un 1% en forma de desgravaciones fiscales que nutrirán el fondo privado de cada trabajador y que podrá ser invertido en acciones u otros productos financieros. Las empresas con un sistema privado igual o superior a éste estarán exentas de esas contribuciones.

Las propuestas han sido generalmente bien acogidas, aunque hay también voces discrepantes. El líder del sindicato de servicios Amicus, Derek Simpson, calificó la reforma de "una victoria de los trabajadores". Con más moderación, el líder de la federación de sindicatos TUC, Brendan Barber, dio la "bienvenida a este Libro Blanco progresista" pero se opuso a retrasar la edad de jubilación.

Las reacciones en el sector empresarial fueron mixtas. El director general de la patronal industrial CBI, sir Digby Jones, defendió un sistema de apoyo a las pensiones de los más desfavorecidos pero alertó de los costes de casi 4.000 millones de euros que supone la propuesta del Gobierno para las empresas. Gordon Lishman, director general de Age Concern, asociación que defiende los derechos de los ancianos, se quejó de que la reforma no beneficiará a los actuales pensionistas.