Los empresarios de EE UU serán multados si contratan a inmigrantes 'sin papeles'

Tras dos semanas de intenso debate, el Senado estadounidense votará hoy el proyecto de ley sobre inmigración. Con la aprobación de una enmienda que castigará con multas de hasta 20.000 dólares (15.380 euros) a los que contraten a indocumentados, los senadores están listos para dar luz verde a un conjunto de medidas que abren la puerta de la legalización a millones de personas y que refuerzan la vigilancia en las fronteras. A juzgar por la decisión de ayer (73 votos contra 25) para dar por finalizado el debate, el proyecto de ley debería ser aprobado

Como dijo el líder republicano del Senado, Bill Frist, "el problema es demasiado grande, con millones de personas que pasan la frontera y con cientos que mueren cada año, y no podemos darle la espalda y no hacer nada". Frist predijo una aprobación de la ley "no abrumadora, pero muy clara". Lo difícil será el proceso negociador para conciliar el texto con el que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre, basado sólo en vallas y castigos, y carente de fórmulas para resolver la situación de los 12 millones de indocumentados y ordenar el flujo migratorio.

En el proyecto que se vota hoy se prevé la ampliación de las vallas hasta casi 600 kilómetros, la mitad de lo que figura en el texto de la Cámara, y el refuerzo de la vigilancia en la frontera, pero también un plan de legalización con condiciones del 80% de los indocumentados.

El martes, y a tono con el endurecimiento de otras enmiendas debatidas en el Senado -para ganarse a los republicanos más conservadores y suavizar el choque con el otro proyecto de ley- se aprobó, por 58 votos contra 40, castigar a los empresarios que contraten a indocumentados con multas de hasta 20.000 dólares, el doble de la cantidad ahora establecida. La idea tiene sentido -"es lo más importante que podemos hacer para reducir la entrada de trabajadores sin papeles", dijo el demócrata Barack Obama- pero no será fácil aplicarla.

Hay un plazo de 18 meses para ampliar el sistema nacional de verificación electrónica que contrasta los datos del inmigrante al contratarle. Los empresarios que no lo usen para nuevas contrataciones tendrán multas menores; los que contraten a ilegales cuando el sistema esté en vigor serán sancionados con la multa máxima; si reinciden, se arriesgan a hasta tres años de cárcel.

En junio llega la hora de la verdad. Conciliar los dos textos va a ser una tarea digna de Hércules, como dijo el líder republicano en la Cámara, John Boehner: "Ya se conocen las distancias que separan a los dos proyectos de ley y las que separan las opiniones de los estadounidenses. Encontrar un camino aceptable para todos va a ser muy difícil".

El asunto es complejo -aspectos de seguridad, económicos, xenofóbicos, etc.- y el debate está condicionado por las legislativas de noviembre. En los Estados dominados por el miedo a la invasión de inmigrantes es difícil que tanto republicanos como demócratas eviten la demagogia.

Sólo una intervención del presidente permitiría un compromiso, pero Bush -que simpatiza con la ley del Senado y que guiñó un ojo a los duros anunciando el despliegue de 6.000 soldados en la frontera- está en su peor momento. La Casa Blanca avanza por una senda peligrosa. Corre el riesgo de enfurecer tanto a la derecha más conservadora y a los hispanos, una de sus principales reservas electorales.

Mientras, el presidente mexicano, Vicente Fox, en una gira de cuatro días por EE UU, habló ayer ante la Cámara de Representantes de Utah, uno de los Estados más conservadores del país y uno de los que han recibido más mexicanos. Fox dijo que su país quiere ser parte de la solución al problema migratorio y defendió "el compromiso de México con los derechos humanos" y "la apertura al escrutinio internacional". En un encuentro previo con representantes de la emigración, Fox dijo que el problema "no se va a solucionar con vallas".