La Generalitat no tomará decisiones "precipitadas" en la venta de Al-pi
El Gobierno catalán ha decidido "enfriar la presión ambiental" sobre la posible venta del 25% del capital que la Generalitat mantiene en el operador de telecomunicaciones Al-pi y su "voluntad" pasa por "no tomar ninguna decisión precipitada" al respecto, según afirmó ayer el consejero de Presidencia, Joaquim Nadal. Antes de decidirse, el Ejecutivo autónomo mantendrá conversaciones "con todos los operadores" del sector para decidir cuál es el futuro de Al-pi, fruto de la mayor privatización realizada en Cataluña.
El Gobierno de Pasqual Maragall ha reanudado los contactos con France Telecom, que controla el 75% de Al-pi, para negociar qué hacer con la participación pública y, en concreto, para venderle el 25% restante, según fuentes conocedoras de dichos contactos. Según las mismas fuentes, la dificultad para alcanzar un acuerdo se centra en la valoración del paquete accionarial. La salida del Ejecutivo de ERC, responsable hasta entonces de la política de telecomunicaciones, configura un nuevo escenario, tras las discrepancias con los socialistas en la estrategia que seguir.
Nadal calificó de "rumores interesados y mal intencionados" las informaciones sobre dichos contactos y aseguró que seguirán adelante "las políticas que se habían llevado a cabo" en telecomunicaciones y sociedad de la información, cuya nueva secretaria es Marta Continente. Su piedra angular era la creación de un operador que agrupara y gestionara una red de distintas infraestructuras de la Generalitat y los ayuntamientos, y que pudiera utilizar a terceros para dar servicio. Dicha red, además de asegurar la cobertura de todo el territorio con banda ancha, reforzaría la competencia sobre el territorio, lo que disgusta a Telefónica.
