Diálogo social y ley de Dependencia

En los últimos tiempos hay una palabra que se ha convertido en un instrumento de legitimación/deslegitimación y de confrontación intersindical e institucional: el diálogo social. Lo que he venido denominando como "locura de la diferencia" se ha instalado en el debate político y sindical vasco. Deslegitimar al otro a cambio de mi legitimación es una constante estratégica del nacionalismo inocente e irresponsable, una estrategia tremendamente improductiva e inútil para cambiar las cosas y mejorar los derechos de la ciudadanía.

La actitud de compromiso y de pacto surge, ante todo, como una voluntad de consenso y de pacto en una sociedad. Esto se concreta en la búsqueda y determinación de objetivos comunes unificantes, de intereses compartidos y de intercambios de mutua ganancia. No pretendo ni sacralizar ni mitificar la concertación y el diálogo social, menos aún en un momento de preeminencia y prevalencia de políticas neoliberales. Tengo muy claro que los acuerdos no son buenos porque sean concertados, sino por sus contenidos. Tal vez en la situación actual convendría desmitificar el conflicto, elevado a categoría estratégica mitificada. Parece que acordar es sinónimo de entreguismo y traición.

Se trata de institucionalizar un derecho y de responder a necesidades sociales inaplazables

Los acuerdos firmados no son buenos porque sean concertados, sino porque lo son sus contenidos

Pertenezco a una generación tremendamente afectada por el problema de la dependencia. Las familias somos los sujetos activos para abordar esta problemática de la que las instituciones han venido absteniéndose. Pretendo poner en valor el diálogo social y el papel de los interlocutores sociales en su compromiso, en formas y en contenidos, por hacer frente a esta problemática de gran transcendencia social. Hago un esfuerzo por abstraerme de la lamentable y aburrida deriva que en nuestra realidad vasca está teniendo el proyecto de Ley de Dependencia, de los desacuerdos internos y externos; es decir, entre nuestras instituciones y con el Gobierno central. Son demasiadas piedras en el camino, olvidando que la puesta en marcha de un nuevo derecho social siempre es una grata noticia que exige un esfuerzo de negociación y de acuerdo lo más amplio posible. Y aquí quiero situar el papel del diálogo social en el origen, en la línea de salida y en la base de lo que podríamos denominar "cimentación y legitimación social" de dicho proyecto de ley.

Es una buena noticia que los agentes sociales negocien y acuerden contenidos de calado social determinantes para nuestra protección y cohesión social, así como para la arquitectura de nuestro Estado social y de derecho. No conviene que esto se olvide. Así lo analiza el dictamen del Consejo Económico y Social de España en el informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley de Dependencia. Desde el ámbito del diálogo social se ha impulsado de manera decisiva la concreción del derecho a la atención social en situaciones de dependencia y de las características que debía reunir dicha protección.

En el Acuerdo sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social, firmado el 8 de julio de 2004, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes (CC OO, UGT, CEOE y Cepyme) se comprometen a abordar un proceso de diálogo social en el ámbito de la protección social, con el objetivo de su adaptación a las nuevas realidades, que configuran nuevas necesidades. Entre estas últimas, se señala prioritaria la atención a las situaciones de dependencia, por ser éste uno de los principales problemas, tanto de los jubilados y personas con discapacidad como de sus familias. Posteriormente, y como resultado del trabajo desarrollado en la Mesa de Diálogo Social específica para abordar esta cuestión, el 21 de diciembre de 2005 los agentes sociales componentes de la misma suscriben con el Gobierno el Acuerdo sobre la Acción Protectora de la atención a las situaciones de dependencia, sin duda uno de los antecedentes más influyentes en la iniciativa de elaboración de ese anteproyecto. Con el acuerdo se impulsa la creación del Sistema Nacional de Dependencia (SND), como una nueva modalidad de protección social que amplía y contempla la acción protectora de la Seguridad Social y del Estado. Contempla, así mismo, la articulación de este sistema mediante una ley con carácter de norma básica, "que promueva la autonomía personal y garantice el derecho a ser atendida en situaciones de dependencia, y en la que se establecerán las condiciones básicas y los requisitos de acceso a los servicios y prestaciones en condiciones de equidad en todo el territorio del Estado".

Nuestro insuficiente Estado de bienestar ha decidido aprobar esta asignatura pendiente. Es una urgencia y una necesaria inversión social. Se va a institucionalizar un nuevo derecho social, un nuevo pilar de nuestra protección social. Fue en 1990 cuando nacieron las pensiones de carácter no contributivo, resultado de la huelga del 14-D, de claro origen sindical. Es la hora de reconstruir las políticas de Estado en protección social. Nuestra deficiencias son alarmantes en gastos de protección familiar y en atención a las personas con necesidades de cuidados. Un escaso 0,3% de nuestro PIB, frente al 3% de algunos países nórdicos. Esto está propiciando un preocupante crecimiento del sector privado y la mercantilización de este servicio, con unos precios prohibitivos para la mayoría de las familias. El negocio anula el derecho de la mayoría. La asunción de las políticas sociales como competencia exclusiva de las comunidades autónomas y la renuncia práctica del Gobierno central de su facultad de armonización que le confiere la Constitución, ha creado desgobiernos, desigualdades y, sobre todo, ausencia de derecho efectivo. Por ello se intentan crear las bases de una situación de asimetría social de la ciudadanía. Debe quedar claro que el Estado autonómico es también Estado social de derecho. De ahí la necesaria complementariedad de las competencias para garantizar derechos y prestaciones básicas a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. Las encuestas del CIS nos dicen que el 76,1% de la ciudadanía lo considera prioritario y que el 67% pagaría más impuestos y cotizaciones sociales.

Por muchas dificultades que puedan surgir el trámite de la ley, así como en la implantación del sistema, está claro que hemos entrado en una dinámica imparable. Se trata de responder a necesidades sociales inaplazables, que afectan a mucha gente y que tienen una gran incidencia en el ámbito laboral, ya que va a facilitar que muchas de las actuales cuidadoras en las familias puedan incorporarse al mercado de trabajo; que otras adquieran derechos sociales y puedan acceder a prestaciones de la Seguridad Social; que se afronte y refuerce el principio de igualdad, al liberar a la mujer de unas cargas que en el modelo familiar tradicional se le asignaban casi en exclusividad; que se sienten las bases para resolver no sólo los problemas de la dependencia propiamente dicha, sino para abordar otro gran debate pendiente, el de la conciliación; que se creen muchos empleos.

En definitiva, institucionalizar un derecho subjetivo universal, real y exigible, y un marco de referencia común con criterios objetivos y homogéneos para todos los ciudadanos, superando lo que era graciable, asistencial y voluntario a través de los Servicios Sociales de las CC AA, es un reto institucional colectivo que exige generosidad y compromiso.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social vasco.