Por tierra, mar y aire
La decisión de Bush (en materia de inmigración, más moderado que gran parte de su partido republicano) de mandar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a reforzar las patrullas en los 3.200 kilómetros de frontera con México, para evitar la entrada de inmigrantes ilegales, guarda cierto paralelismo con la del Gobierno de Zapatero de utilizar satélites, barcos y aviones de reconocimiento para frenar la llegada de sin papeles a Canarias. La Cámara de Representantes en EE UU había acordado elevar una verja a lo largo de 1.000 kilómetros (ya existen 170 kilómetros) de esa frontera; el Senado la ha rebajado a 600 kilómetros (junto a otros 800 kilómetros de obstáculos al paso de vehículos). Bush, que en marzo consideró "impracticable" todo muro de este tipo, ahora lo apoya para lograr concesiones sobre la legalización de muchos irregulares.
Aunque (¿de momento?) la Guardia Nacional no va a disparar ni detener a los furtivos, ni la Armada española va a hundir cayucos, se va crecientemente militarizando el control de la inmigración. No es casualidad que Bush hiciera su anuncio desde su mesa en el Despacho Oval de la Casa Blanca como en las grandes ocasiones bélicas. La lucha contra la inmigración ilegal se suma a la garantía de los suministros de energía como parte de la seguridad nacional (y europea en nuestro caso), que nunca ha dejado de ser, en último término, la defensa de un modo de vida.
Una gran diferencia entre la Administración de Bush y el Gobierno de Zapatero en esta materia migratoria es que EE UU tiene que tratar principalmente con un solo país, México, y lo ignora. España, con el tardío plan África, se lanza a una campaña diplomática y socioeconómica en el África subsahariana para intentar frenar a los emigrantes en origen y poder devolver a los ilegales al lugar de donde partieron. Aunque éstos, unos meses después, volverán a intentarlo.
En el sifón de las desigualdades, cuando a la inmigración ilegal se le cierra un paso, busca otros, especialmente cuando a ello contribuyen mafias que trafican con seres humanos. De Marruecos se han bajado a Mauritania, y después a Senegal. La distancia aumenta, pero esta emigración africana buscará otras vías, con mafias o sin ellas. Los muros de la globalización por tierra, mar o aire sirven de poco. Es un problema sin duda de muy difícil solución a corto o medio plazo -y si no se resuelve se acabará volviendo contra el Gobierno del momento-, mientras que a largo, se está haciendo demasiado poco o demasiado tarde.
Mientras esa gente, aunque no sus materias primas, se sienta "estructuralmente irrelevante", buscarán otros lugares donde vivir. Y aquí y en Estados Unidos, los ilegales entran también porque se les contrata. Son parte de nuestras economías y de nuestros sistemas sociales. Bush bien lo sabe. Las olas de inmigrantes irregulares sólo se podrán frenar cuando nuestras economías dejen de necesitarlos (y entonces notaremos el retroceso, como en Francia y otros lugares) y las de sus países de origen entren a formar verdaderamente parte de la globalización. Pero no: Occidente no quiere ser generoso. La liberalización del comercio sigue estancada, entre otras razones, porque muchos países occidentales no aceptan una mayor desigualdad de apertura en favor de los más pobres al menos durante un tiempo. Y el plan África del Gobierno de Zapatero pretende mejorar las condiciones de vida en los países de origen, pero, de aquí a 2008, difícilmente se notará el impacto. ¿Para cuándo un Plan Marshall europeo para estos países?
Regularizar a los que ya han entrado y tienen un trabajo, como ha hecho el Gobierno de Zapatero o ahora pretende Bush en contra de la opinión de muchos de los suyos, es un paso constructivo. Pero no basta. Tampoco pretender devolver a todos los que sobran o han entrado ilegalmente. El ministro británico de Inmigración (¿por qué no hay tal Ministerio en España, mientras sobran otros?) calcula que, con los medios actuales, tardaría 10 años en deportar al medio millón de ilegales que hay hoy -no digamos ya pasado mañana- en su país. ¿Y entre tanto? aortega@elpais.es
