Ayuntamiento de Marbella, SA

Un día de estos, el Ayuntamiento de Marbella, dirigido desde hace unas semanas por una gestora, procederá a subastar el flamante Rolls Royce que en su día utilizó el alcalde Jesús Gil. El coche fue obtenido como parte del pago de un convenio urbanístico, como se obtenían pisos, locales, dinero y muchos otros bienes para el Ayuntamiento. Así funcionaba la gestión pública en Marbella: todo tenía un precio y todo podía tener una utilidad privada. La gestora conoce con el paso de los días cómo pisos o locales municipales se desviaban para uso privado o directamente servían para pagar favores.

Para un consistorio que en sus buenos años llegó a otorgar 10.000 licencias anuales, el trasiego económico fue importante. Lo malo es que de todo este movimiento apenas hay constancia, como tampoco de las propiedades obtenidas: el ayuntamiento carece de un inventario municipal. El resultado final es que más de 30.000 viviendas y una cifra superior a los 500 locales, entre los que se encuentran sedes de grandes empresas y grandes centros comerciales, están en situación de ilegalidad.

Hay trabajadores municipales con unos ingresos mensuales de 10.000 euros

La pareja de un alto cargo disfrutaba de un piso de 540.000 euros de propiedad municipal

El Rolls Royce, al menos, apareció, después de un largo periplo entre Madrid y Marbella donde se le llegó a perder la pista. Finalmente, alguien avisó desde el parque móvil municipal. "Aquí no hacemos nada con un Rolls Royce", advirtió el encargado. Junto al Rolls se subastará también un flamante BMW X-5 que utilizaron los últimos alcaldes. El asunto de los coches, sin embargo, tiene su guasa: según pasan las semanas, aparecen nuevos vehículos que, al parecer, utilizaba privadamente determinado personal. De esta milagrosa manera han ido apareciendo ya hasta nueve automóviles.

La subasta del Rolls Royce de Jesús Gil será ampliamente publicitada porque se piensa que habrá interesados en poseer lo que fue uno de los símbolos de la reciente historia de este ayuntamiento. No obstante, y a pesar de lo sucedido, el gilismo despierta todavía una adhesión importante entre los ciudadanos de Marbella. Las encuestas realizadas en los últimos días por diferentes medios de comunicación malagueños, coinciden en otorgarle al GIL un total de tres concejales, circunstancia que podría convertir a quien recoja el testigo de este partido en el árbitro de la situación si ninguno de los dos grandes, PP y PSOE, logra la mayoría absoluta. Ahora mismo, esas mismas encuestas dan al PP una clara ventaja sobre el PSOE, de al menos cinco concejales.

El asunto del Rolls Royce es una mera anécdota en la maraña de problemas que se está encontrando la gestora, que debe poner orden en un consistorio con una estructura insostenible. Y en este punto se unen dos fenómenos que no tienen igual en ningún otro ayuntamiento español: un urbanismo salvaje junto a una política de personal discrecional, donde se contrataba a gente a dedo y se concedían generosas gratificaciones. Hay trabajadores con unos ingresos mensuales de 10.000 euros.

Sin embargo, el capítulo más grave es cómo poder orden en un urbanismo que no ha seguido ninguna disciplina. El número de obras ilegales, de edificios sin las licencias exigibles, de terreno ocupado sin atener a ningún planeamiento es aterrador. En este escenario han caído también importantes empresas españolas y multinacionales, porque hay hoteles de lujo o cadenas de grandes almacenes que llevan años funcionando sin las oportunas licencias o que, sencillamente, han ocupado más suelo del concedido. "Si tuviéramos que cerrar todo aquel edificio que incumple la ley habría poco menos que cerrar Marbella", comentó un representante de la gestora.

En su día, un avance del plan general realizado por encargo de la Junta de Andalucía hizo una estimación de 30.000 viviendas ilegales en Marbella. Ese dato, a la vista de la documentación que empieza a supervisar la gestora, tiende al alza. "Hay al menos mil licencias claramente ilegales", confirmó un miembro de la gestora, "que corresponden a grandes urbanizaciones o centros comerciales". Este segundo capítulo no es menos importante, "porque supone un serio problema para más de 500 locales comerciales, donde nos encontramos con una tienda de pequeñas dimensiones y con un gran centro comercial o una gran sala multicines".

Uno de los problemas más serios se sitúa en el centro comercial de La Cañada, considerado como el centro comercial de mayor facturación de toda Andalucía. "Es un centro que trasciende a la propia Marbella, donde prestan sus servicios miles de trabajadores y que tiene serios problemas legales", dice esa misma fuente.

El origen de estos problemas está en el mecanismo utilizado por el GIL durante 15 años de gestión municipal. El GIL creó una estructura paralela dentro del propio ayuntamiento y reservó para empleados afines los cometidos de mayor importancia, apartando de las grandes decisiones a los técnicos y a los funcionarios de carrera. Entre estas decisiones estaban las relacionadas con el urbanismo.

La figura clave era el convenio. El convenio era un acuerdo privado entre el ayuntamiento y el promotor, acuerdo que luego era elevado a público en los plenos municipales. La gestión y el asesoramiento legal de estos convenios era realizado siempre por asesores externos y antes de cada pleno se acordaba qué convenios iban a ser aprobados y cómo.

El resultado de todo ello es una mezcla de lo público y lo privado difícil de desentrañar y del que, en algunos casos, no hay suficiente constancia documental. La gestora se ha encontrado ante la inexistencia de un inventario municipal. Así se tiene noticia de que algunos inmuebles (pisos o locales) con los que el promotor pagaba parte de un convenio no eran inscritos a nombre del ayuntamiento. Esto ha propiciado que algunos de esos inmuebles pasen a manos privadas sin control alguno.

Se da también la circunstancia de que pisos que sí eran inscritos a nombre del consistorio eran cedidos sin nada a cambio a particulares. Así, una vivienda valorada en 540.000 euros estaba ocupada desde hace años por la compañera sentimental de un alto cargo del ayuntamiento sin pagar alquiler.

Con todo ello, el capítulo de sorpresas no ha terminado para la gestora. La última es igualmente curiosa: Juan Antonio Roca, el principal imputado en la operación Malaya, sigue siendo empleado del Ayuntamiento. La gestora no puede despedirle ni abrirle expediente. Alguien se ocupó de dejar en suspenso su cargo una vez que fue detenido, lo que impide legalmente su despido en tanto no se sustancien sus asuntos judiciales.