La policía de São Paulo, acusada de tomar represalias contra la población

La Policía Militar de São Paulo se encuentra en el ojo del huracán después de que este cuerpo armado haya sido acusado de violaciones de derechos humanos al amparo de la lucha contra el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que desencadenó una oleada de atentados en la capital económica de Brasil durante el fin de semana pasado y provocó el pánico de la población. "Venganza" es la palabra con la que se han referido algunas organizaciones para definir el comportamiento de la policía en respuesta a la muerte de casi medio centenar de agentes.

En la última semana, la policía brasileña ha matado a más de 110 sospechosos y detenido a 140 personas. Todos los efectivos policiales se encuentran de servicio, se han suspendido los permisos y se ha reforzado las medidas de seguridad en torno a edificios estratégicos. En paralelo, la policía ha entrado en varias barriadas de favelas, que son cerradas y registradas con gran despliegue de medios, lo que, en opinión del gobernador de São Paulo, Claudio Lembo, supone una demostración de que el Estado paulista no piensa ceder ante el crimen organizado.

Sin embargo, Lembo está siendo muy criticado por lo que es un secreto a voces -admitido por sus propios subalternos-, y es que representantes de su administración y los cabecillas del PCC pactaron el final de la oleada de violencia. Para empeorar las cosas, el pasado jueves Lembo trasladó la culpa del PCC "a la élite blanca" de la ciudad, a la que acusó de crear el malestar que provocó finalmente los disturbios.

"Acciones de respuesta"

A pesar de que desde el pasado martes oficialmente São Paulo ha vuelto a la normalidad, ese mismo día la policía dio muerte a 33 personas; el miércoles, a 23, y el jueves a 14. Sólo en estos días los agentes han matado a más personas que en los últimos dos meses. "Todas las muertes ocurrieron durante acciones de respuesta de los agentes", aseguró el comandante general de la Policía Militar de São Paulo, coronel Elizeu Teixeira Borges. "La jefatura de la policía debe exigir el máximo de contención a sus tropas y más en un momento de exacerbación, en el que un ejercicio indiscriminado de la violencia sólo va a generar más violencia", advirtió Óscar Vilhena, reputado constitucionalista y director de Conectas, una organización de derechos humanos.

Varios grupos humanitarios acusan a la policía de actuar indiscriminadamente en venganza por el asesinato de 41 agentes de diversos cuerpos desde que comenzaran los disturbios, y han tomado como bandera el fallecimiento de un hombre de 22 años el pasado lunes por la noche en una barriada al norte de São Paulo, tiroteado por la policía mientras esperaba a su novia en la calle. La muerte del joven provocó protestas en el barrio, que el pasado jueves fue cercado y aislado por la policía, en un operativo destinado oficialmente a capturar miembros del PCC. Ayer la cadena O Globo aseguraba que se están enterrando a los sospechosos muertos por la policía sin proceder a su identificación, debido a la falta de espacio del Instituto Médico Legal de São Paulo para albergar los cadáveres que están llegando. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa exigió el pasado miércoles al Gobierno de São Paulo una lista con los nombres de los cuerpos que han ingresado en la morgue. Hasta ayer no había recibido respuesta.

Mientras, los propios policías de São Paulo se han querellado contra los secretarios de Seguridad Pública, Saulo de Castro Abreu, y de Administraciones Penitenciarias, Nagashi Furukawa. A ambos funcionarios les acusan de no haber alertado a los uniformados de la inminencia de los ataques que, en opinión de los querellantes, sabían que podían ocurrir tras ordenar el traslado de los cabecillas del PCC lejos de São Paulo.