"Dejar los centros en manos privadas puede favorecer el interés económico"

Cataluña es una de las pocas comunidades que gestiona directamente los centros de internamiento de menores. En la región hay siete centros y dos pisos de rehabilitación que acogen, a día de hoy, a un total de 268 chavales que han cometido algún delito. El máximo responsable de estos centros, Josep Font, director general de Justicia Infantil, defiende el modelo público para ejecutar medidas de privación de la libertad y señala que si entidades privadas se hacen con la gestión de los centros, se corre el riesgo de fomentar los intereses empresariales.

P. ¿Por qué todos los reformatorios son públicos en Cataluña?

R. Todo esto surge con la Ley del Menor. Cuando la norma obligó a sacar de las cárceles a los menores de 18 años y agruparlos en centros especiales para ellos, las comunidades se dieron cuenta de que no tenían sitio para acogerlos a todos. Esa avalancha de menores obligó a las autonomías a dar la gestión a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. A nosotros, la aplicación de la ley, nos cogió preparados. En 2001 aprobamos una norma de desarrollo de la Ley del Menor y en ella dejamos claro que los centros tenían que tener siempre un carácter público, salvo que sirvan para ejecutar medidas de régimen abierto o de internamiento terapéutico.

P. ¿Los trabajadores son siempre funcionarios?

R. Sí. Nuestra regulación establece que las distintas consejerías de la Generalitat deben proporcionar los recursos a los centros. Por ejemplo, los maestros que imparten clases a los chavales son siempre funcionarios de la Consejería de Educación. También sacamos a concurso público la contratación de los servicios de cocina, de la seguridad y de la limpieza.

P. ¿Qué problemas ve en el sistema privado?

R. El debate es de carácter jurídico. Nosotros creemos que lo mejor es que sea la Administración la que ejecute las medidas de privación de libertad. Los trabajadores tienen una mayor estabilidad en sus empleos y la responsabilidad última es siempre de la Generalitat a través de sus funcionarios. Si lo dejáramos en manos privadas podríamos correr el riesgo de fomentar intereses económicos en las fundaciones y en las asociaciones, aunque éstas sean sin ánimo de lucro. También se puede optar por un modelo mixto, que ya se da en algunas comunidades y que permite que, aunque la gestión sea privada, sea siempre un funcionario el que dirija el centro.

P. Cataluña tiene sólo siete centros. ¿No son pocos para toda la región?

R. Podría parecer que sí, pero es que intentamos siempre que las medidas de internamiento sean la última solución. De cada 10 chicos que han cometido delitos tan sólo uno acaba en un centro de internamiento. Con el resto trabajamos en centros de régimen abierto o procuramos la mediación, a la que nos instan siempre los fiscales. Pese a todo, es necesario aumentar la capacidad y por eso abriremos dos centros nuevos en breve, cada uno de ellos con 70 plazas.