"Con este sistema se gana agilidad en la selección de personal y en atención"
Con Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha, Madrid es una de las regiones con más centros gestionados por asociaciones o fundaciones privadas. El vicepresidencia y consejero de Justicia creó hace un año la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, en 2004. Su responsable, Alfredo Prada, respondió por escrito a este cuestionario.
P. ¿Por qué la Comunidad de Madrid decidió firmar convenios con asociaciones sin ánimo de lucro para gestionar los centros?
R. La Ley del Menor establecía la vía de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, plasmada en el artículo 45. Está claro que si bien la gestión puede ser asumida por una entidad sin ánimo de lucro, la titularidad y responsabilidad corresponde siempre a la entidad pública.
P. ¿Es más rentable un centro de menores privado que uno público?
R. No debe hablarse de rentabilidad al hablar de la gestión, sino de la rentabilidad social que ofrecen este tipo de centros que persiguen como ideario de actuación el devolver a la sociedad, al finalizar las medidas judiciales impuestas, unos jóvenes completamente insertados y con unos valores que les permitan llevar una vida normalizada en libertad dentro de un centro durante muchos días y a veces años, en función de la medida que cumplen.
P. ¿Qué ventajas tienen los centros gestionados de forma privada?
R. Se puede destacar como ventajas la agilidad en los procesos de selección del personal y la atención inmediata a las nuevas necesidades. No hay que olvidar que los procesos de selección dentro del ámbito de las Administraciones Públicas son largos y en esta materia lo que no se puede, es esperar. No sería ético ni responsable retrasar la ejecución de una sentencia judicial por la posibilidad de no tener personal disponible en el momento en que se dicta. Le doy un dato, Andalucía de 17 centros de ejecución de medidas judiciales, tan sólo uno es de gestión íntegramente pública. Situación que se hace extensiva al resto de comunidades autónomas. A la vista de este dato es presumible que las ventajas ya han sido constatadas.
P. ¿Cómo supervisa la comunidad lo que hacen los centros?
R. A través de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor pusimos en marcha un plan de inspección de centros. Se realizan supervisiones continuas de la aplicación de la normativa, de la evolución de los menores y de todos y cada uno de los servicios que se prestan.
P. ¿Quién impone las sanciones a los chicos internos si cometen infracciones?
R. La imposición de sanciones requiere decisión judicial. La instrucción de las sanciones corresponde al equipo técnico del centro, con el visto bueno de la entidad pública.
P. ¿Estaría a favor de que se privatizaran las cárceles de adultos?
R. Como viceconsejero no me corresponde pronunciarme en un asunto que compete al Gobierno nacional a través de Instituciones Penitenciarias.
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