La Comisión del Juego asume dos informes contradictorios para autorizar un bingo

Los funcionarios que formaban la Comisión Técnica del Juego entre octubre de 1998 y julio de 2001 asumieron ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia que elaboraron dos informes contradictorios para denegar, primero, y autorizar, después, la licencia de apertura de una sala de bingo que había solicitado la mercantil Bingos Mare Nostrum, propiedad de la inmobiliaria Urbem. Los funcionarios respaldaron la declaración previa ante la juez de Cristina Serrano, entonces secretaria de Hacienda y presidenta de la Comisión Técnica del Juego.

Los funcionarios respaldan ante la juez la declaración de Cristina Serrano

La declaración ante la juez de los componentes de la Comisión Técnica del Juego responde a una denuncia por supuesta prevaricación formulada por el propietario de Levantina de Juegos y Servicios ante los cambios de criterio del órgano administrativo vinculado a la Consejería de Hacienda. Levantina de Juegos y Servicios logró paralizar en octubre de 1998 la primera solicitud de apertura en la misma manzana que ocupa una de sus salas en la ciudad de Valencia esgrimiendo el reglamento correspondiente. Bingos Mare Nostrum recurrió, recibió la callada por respuesta, acudió a lo tribunales, retiró la demanda, instó la revisión de su caso casi dos años después y logró que el consejero de Hacienda, entonces Vicente Rambla, firmara la autorización definitiva en febrero de 2002.

El pasado mes de marzo, la juez tomó declaración a Cristina Serrano, secretaria general de la Consejería de Hacienda y, por lo tanto, presidenta de la Comisión Técnica del Juego cuando se rechazó la solicitud de Mare Nostrum y cuando, 21 meses después, se invocaron "antecedentes" para considerar aceptable el recurso de la empresa, según consta en actas del órgano administrativo.

Serrano, actual secretaria autonómica de Territorio, subrayó entonces que la comisión es un órgano colegiado, que actúa conforme a un procedimiento reglado y que se limitó a enmendar un error cuando Mare Nostrum, que ya había renunciado a la vía legal, instó la revisión del primer recurso que había planteado en noviembre de 1999.

Jorge de Scals Klein, entonces director de la Comisión Técnica del Juego, y otros funcionarios, respaldaron ayer esa versión. De Scals, hoy adscrito a la Consejería de Educación, no quiso hacer declaraciones. Pero un funcionario explicó que la comisión se limitó a revisar "una aplicación restrictiva de la ley", en primera instancia, "por una interpretación más ajustada", en segunda instancia.

El hecho de que el interesado en obtener la autorización para explotar una sala de bingo renunciara al recurso judicial antes de instar por segunda vez la revisión de su expediente fue asumido, según la misma fuente, como "un gesto de buena voluntad".

El empresario lesionado por la apertura de la nueva sala, sin embargo, denunció ante la Guardia Civil en 2005 que los cambios de criterio de la Comisión Técnica del Juego estuvieron relacionados con supuestos pagos ordenados por José Pastor Marín, presidente de Urbem, para ganar el favor de la Generalitat.

La juez que recibió la denuncia trasladó el caso al Tribunal Superior de Justicia porque la denuncia afectaba a un aforado, el entonces consejero de Economía y hoy consejero de Sanidad Vicente Rambla, que firmó la autorización definitiva del bingo Mare Nostrum en febrero de 2002. Pero el TSJ instó a actuar y emprender la investigación conforme a su propio criterio puesto que la denuncia no afectaba al hoy consejero de Sanidad.

La juez tomó declaración al denunciante en octubre pasado. A instancias del fiscal, José Rovira afirmó que José Pastor, el administrador único de Urbem y Gestora de Bingos Mare Nostrum, "le manifestó que había obtenido el permiso ya que el señor Olivas le dijo que se lo daría". José Luis Olivas, el actual presidente de Bancaixa, era vicepresidente del Consell cuando se concedió la autorización. Según Rovira, dos días después, un ejecutivo del Banco de Valencia le confirmó que Mare Nostrum obtendría la autorización porque "se han pagado 50 millones" de pesetas, el equivalente a 300.000 euros.

El ejecutivo del Banco de Valencia, tres semanas después, declaró que "es ridículo" pensar que Pastor le hubiera indicado que pagara ninguna suma a Olivas, al que dijo conocer sólo por ser persona pública.