El PP de La Vila vende todo el suelo cedido al ayuntamiento por tres planes urbanísticos

El Gobierno municipal de La Vila Joiosa, en manos del PP con mayoría absoluta, aprobó ayer en el pleno la venta de suelo municipal para financiar obras. En concreto, el equipo de gobierno, que preside José Miguel Llorca, se desprenderá del 10% del suelo de aprovechamiento municipal de tres planes, que ocupan un total de 570.563 metros cuadrados. El suelo público que el Ayuntamiento sacará a la venta está valorado en 13 millones de euros. La oposición votó en contra por considerar que la enajenación de suelo público aprobada por el PP es "ilegal".

Las tres parcelas que se enajenarán corresponden al 10% de aprovechamiento municipal de tres planes parciales: PP-32, PP-33 y PP-34, que en total suman 570.563 metros cuadrados.

El PP de La Vila podrá hacer realidad una de las propuestas de su programa electoral, salvar mediante escaleras mecánicas el desnivel entre el Passeig Doctor Esquerdo y la Avenida del País Valencia, un proyecto que asciende a 3.304.492,80 euros, y la construcción del auditorio. El pleno aprobó el expediente de permuta del aprovechamiento urbanístico del PP-34, una parcela de 17.210,90 metros cuadrados, equivalente a 5.203,80 unidades de aprovechamiento, para que la mercantil adjudicataria del mismo ejecute la obra. En otro punto del orden del día el PP aprobó una modificación en el expediente de cambio de financiación y crédito extraordinario para el auditorio municipal, cuyo coste se ha incrementado un 32 % hasta alcanzar los 11.547.307,30 euros.

Para sufragar esta dotación el Gobierno aprobó la subasta de dos parcelas del aprovechamiento de otros dos planes parciales: 29.211,40 metros cuadrados en el PP-33, correspondientes a 9.952 unidades de aprovechamiento y valorados en 5.608.589 euros; y otros 20.572,35 metros cuadrados del PP-32, correspondientes a 7.009 unidades de aprovechamiento y un coste de 3.949.891 euros. En total, el patrimonio municipal del que se desprenderá el municipio es de 67.000 metros cuadrados, por los que obtendrá 12.862.972,80 euros.

Los dos grupos de la oposición, PSPV y Bloc, anunciaron la interposición de un recurso de reposición y una denuncia ante el juzgado contencioso-administrativo, ante lo que consideran una vulneración de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), recientemente aprobada por el Consell. Ambos grupos, en la oposición, consideran que se está cometiendo una ilegalidad, ya que la LUV solo permite la enajenación de suelo para fines sociales, y "el Gobierno debería dedicar este suelo para viviendas de protección oficial, colegios u hospitales, no para proyectos faraónicos o caprichos del alcalde", según el portavoz socialista Gaspar Lloret. "La insolvencia económica de este ayuntamiento y su mala gestión ha provocado que se tenga que vender patrimonio para cumplir el programa electoral", dijo Lloret.

El alcalde, José Miguel Llorca, defendió la actuación basándose en informes técnicos y jurídicos, y argumentó que "no se puede dudar de que las escaleras mecánicas tienen un fin social, porque las utilizarán disminuidos físicos y personas de la tercera edad que de otra forma no podría acceder a la playa". Llorca calificó de "emblemático" el proyecto de las escaleras mecánicas y atribuyó a cuestiones técnicas el incremento del auditorio, que ha sufrido mejoras. El primer edil justificó la venta en que su utilización es para "crear nuevo patrimonio financiero".

En la venta de suelo subyace la mala gestión del concejal del área de Hacienda, Isidro Cantó, uno de los miembros del gobierno más cuestionados, que reconoció que la solicitud de una subvención solicitada a la Generalitat para el auditorio se había extraviado mientras se realizaban los trámites. La polémica del gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles también afloró en el pleno. Los partidos de la oposición justifican el elevado impuesto en la necesidad del Ayuntamiento de obtener más recursos para unas arcas municipales en "quiebra técnica".

Multa del Atrium

Por otra parte, el portavoz del Bloc Nacionalista Valencia, Vicent Serra, reveló en el turno de ruegos y preguntas que el Gobierno local no había informado todavía a la Consejería de Territorio y Vivienda de la aprobación del Plan de Reforma Interior del hotel Atrium Beach por el exceso de edificabilidad, así como del destino de la sanción de 12 millones de euros. Serra mostró la carta remitida por el consejero de Territorio, Rafael Blasco, el pasado 15 de abril al Síndic de Greuges, a instancias de su partido, en la que le informaba del desconocimiento de la situación administrativa del expediente.