Un país en marcha, pero hacia atrás

Los más de veinticinco años transcurridos desde la recuperación del autogobierno en el País Vasco, además de para saturarnos de discusiones sobre nuestra identidad -¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿cómo nos sentimos?, ¿cómo nos ven?, ¿adónde vamos?-, han servido también para evaluar nuestra capacidad de gestionar adecuadamente los recursos con los que contamos para poder alcanzar mayores cotas de bienestar. Una visión superficial de las políticas públicas impulsadas por nuestras instituciones y, sobre todo, la percepción de las mismas que puede llegar a tenerse a través de la propaganda gubernamental -organizada en torno al famoso "un país en marcha"-, podría hacer creer que el País Vasco se encuentra a la cabeza de España, y hasta de Europa y del mundo, en lo referente a la provisión de servicios públicos esenciales para el bienestar colectivo. Pero lo cierto es que, mientras la radio y la televisión públicas continúan con el autobombo, repitiendo sin cesar el mencionado soniquete, los implicados en proporcionar dichos servicios a la sociedad sienten cómo aumenta poco a poco su desánimo, ante la falta de medios o de apoyo por parte de las instituciones.

A lo largo de los últimos años, lo hemos visto claramente en la Ertzaintza, con quejas recurrentes sobre las condiciones de trabajo y el escaso apoyo de los mandos políticos, con consecuencias graves en términos de desmoralización y/o absentismo. También en Osakidetza -otrora buque insignia de nuestro Estado de bienestar-, la situación se ha ido deteriorando a marchas forzadas, provocando el disgusto y la frustración de la ciudadanía, y el creciente descontento del personal sanitario. En la educación no universitaria, la anterior consejera, la socialdemócrata Anjeles Iztueta, consiguió deteriorar la imagen de la enseñanza pública lo suficiente como para lograr que Euskadi fuera la comunidad autónoma con mayor porcentaje de niños matriculado en el sector privado. Y ahora le ha tocado el turno a nuestra universidad, con una huelga del profesorado que representa, en buena medida, el hastío generalizado que producen el abandono y el desprecio manifestados desde el Gobierno vasco a lo largo de los últimos años.

Porque el problema que está detrás de la huelga de los pasados días 15 y 16, y de la que tuvo lugar el 29 de marzo, va mucho más allá de la mera retribución salarial del personal docente e investigador. El problema suscitado con las retribuciones es muy serio, y refleja la discriminación a la que se ve sometido el profesorado universitario respecto a otros colectivos del sector. Pero basta con hablar con los profesores en los distintos centros y campus para comprobar que el sentimiento de desánimo trasciende con mucho al tema retributivo. Los profesores de nuestra universidad saben que Euskadi se halla en los puestos de cola en cuanto al gasto universitario en relación con el PIB; ven cómo se incrementan los contratos basura; y comprueban cómo cada día se les exige dedicar más tiempo a tareas burocráticas y administrativas de todo tipo, dificultándose notablemente el desarrollo de su labor docente e investigadora.

Los profesores de la UPV-EHU, cuando son invitados a otras universidades españolas, sea la de Extremadura, la de Castellón, o cualquier otra -no es preciso referirse para ello a las más reconocidas-, ven con sana envidia los medios con los que trabajan sus colegas. Observan que las aulas y otras instalaciones están mejor dotadas; que la docencia y la investigación cuentan con personal técnico de apoyo; que el ratio PAS/profesorado es más elevado; que hay más y mejores medios para publicar; que las ideas innovadoras y las propuestas de trabajo son analizadas como oportunidades, en lugar de ser vistas como problemas, por parte de las autoridades; que la universidad está en el centro de la vida social y no en el margen de la misma ....

Pero todo esto ocurre en lugares en donde, efectivamente, y no sólo de manera retórica, se marcha hacia delante.