La Cámara votará cambios en la ley presupuestaria en contra del criterio del Ejecutivo

Una nueva votación perdida por el tripartito permitió ayer al PP, con el apoyo de los socialistas, sacar adelante una proposición de ley que busca introducir cambios en la ley presupuestaria para forzar al Ejecutivo a entregar en la Cámara antes de cada 31 de octubre el proyecto de ley de liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior.

El Gobierno lleva ocho años, todos los mandatos del actual lehendakari, Juan José Ibarretxe, sin presentar esas leyes de liquidación de las cuentas, algo a lo que está legalmente obligado. El Ejecutivo se ha amparado hasta ahora en que no existe un incumplimiento de la ley, ya que ésta no fija un plazo para el envío de los correspondientes proyectos de liquidación al Parlamento.

La proposición no de ley popular, que pasará ahora a debate en comisión, pretende que el Gobierno adelante al 15 de marzo la entrega de toda la documentación al Tribunal de Cuentas. Ahora tiene de plazo hasta el 31 de julio de cada ejercicio para remitirla. El tribunal cuenta con cuatro meses para fiscalizarlas y no hay modo de que el Parlamento cuente con el balance auditado del año anterior cuando recibe el anteproyecto de las cuentas del ejercicio siguiente. El propio órgano fiscalizador ha informado a la Cámara de la necesidad de esta reforma para cumplir las exigencias de la ley presupuestaria.

El Ejecutivo quiso evitar que la iniciativa continuase su tramitación y los grupos del tripartito defendieron que la proposicion del PP suponía imponer a la Administración plazos más restrictivos que los previstos en la normativa mercantil. Por ésta se rigen las entidades públicas sujetas a derecho privado y cuyas cuentas deben formar parte también de la liquidación presupuestaría, lo que impediría de forma sistemática cumplir la ley.

Plazo negociable

"Todas las administraciones de nuestro entorno disponen legalmente de plazos más amplios", adujo también el Ejecutivo. Sus tres componentes defendieron estos mismos criterios, pero perdieron la votación.

El PSE, que apoyó al PP para que el asunto se pueda estudiar en comisión y vaya a pleno, cree que el plazo puede resultar efectivamente insuficiente, y que será negociable, pero mantendrá la exigencia de poner plazo a la entrega a la Cámara de las leyes anuales de liquidación.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, prometió a principios de octubre pasado remitir "en los próximos meses" las leyes de liquidación pendientes, o al menos parte de ellas, las comprendidas entre 1998 y 2002, pero ninguna ha llegado aún al Parlamento. La última que la Cámara recibió es la referida a 1997 y está pendiente incluso el último ejercicio del anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, el de 1998, ya que el Gobierno siguiente, ya presidido por Ibarretxe, no cumplió esa obligación.