PP y CiU piden que se desarrolle la ley y se ayude a los afectados

El PP y CiU interpelaron anoche, por separado, a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, para pedir al Gobierno medidas en defensa de los afectados por las presuntas estafas de Afinsa y Fórum Filatélico. Los dos grupos coincidieron en destacar que la legislación vigente -la Disposición Adicional 4ª de la ley 35/2003, que entró en vigor el 4 de febrero de 2004- se ha demostrado "claramente insuficiente". Eso sí, CiU pidió "cambiar la ley" y el PP "desarrollarla reglamentariamente", lo que ya se hizo para el conjunto de esa norma en 2005 pero no para estas empresas, porque no tienen carácter financiero.

El apoyo que ambos grupos pidieron para los afectados también tiene diferencias de matiz: CiU solicitó la creación de un "fondo de asistencia selectiva" para que los ahorradores con menos recursos puedan recuperar parte del capital invertido, y el PP solicitó una ayuda más genérica que tenga en cuenta también a los "miles de trabajadores" de ambas empresas.

La ministra se mostró dispuesta a estudiar que "se busque una solución para que los ahorradores de rentas más bajas recuperen la inversión", pero añadió una advertencia de carácter político: "Cerca del 40% de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. No ahorra nada. Deberíamos pensárnoslo antes de decidir que los impuestos de estas personas sufraguen los ahorros de los que sí ahorran".

Reparto de culpas

Salgado también estuvo de acuerdo en que la legislación no ha resultado adecuada, pero culpó de ello al PP, pues la ley 35/2003 se aprobó en el último mandato popular. Además, puso el acento en que las competencias de Consumo son de las comunidades autónomas. Por ello, destacó, a ellas compete este problema.

CiU eludió entrar en el espinoso asunto de atribución de culpabilidades. Su diputado Josep Sánchez Llibre señaló que las autonomías no tienen capacidad y medios suficientes para supervisar, mientras que sí los tiene el Banco de España o la CNMV con las entidades de crédito y financieras.

El PP entró de lleno en esa discusión. Su diputado Vicente Martínez Pujalte ofreció a la ministra la colaboración del PP para buscar una solución pactada. A continuación, avisó a Salgado de que "si el Gobierno lo que quiere es dirimir responsabilidades se encontrarán también, porque el PSOE lleva dos años en el poder". Como vía para dirimir esas responsabilidades, Pujalte propuso la creación de una subcomisión de estudio de este asunto en el Congreso.