El Gobierno pone en marcha un grupo de trabajo para preparar la ley de Víctimas

La directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, explicó ayer ante la ponencia parlamentaria que estudia su problemática que el Ejecutivo ha puesto ya en marcha un grupo de trabajo para preparar el anteproyecto de ley de Solidaridad que la Cámara le encomendó la pasada legislatura. Lasa compareció acompañada por su asesor Txema Urkijo, anterior director de Derechos Humanos, quien señaló que el clima que apreciaron ayer ambos en la ponencia, en la que no participa EHAK, es "positivo" y que los grupos parecen "predispuestos al consenso".

Urkijo se mostró optimista respecto a la recuperación de lo que denominó "el espíritu de junio de 2003", cuando la ponencia creada en la legislatura pasada alcanzó un acuerdo unánime que luego se rompió. El llamamiento a la vuelta a aquel ejercicio de consenso "puede no ser ya necesario", indicó, vista su impresión tras el parecer que los grupos expresaron al término de la intervención de Lasa.

Urkijo valoró especialmente ese clima, ya que muchas de las iniciativas que la Dirección de Víctimas quiere poner en primer plano deben materializarse en el ámbito municipal, lo que exige la implicación y la participación decidida de todos los partidos.

La comparecencia de ayer aportó escasas novedades con respecto a lo que la directora de Víctimas afirmó en su anterior presencia en la Cámara, en diciembre pasado, ya que se limitó a detallar el trabajo realizado en estos cuatro meses.

Entre las novedades que expuso Lasa está la elaboración de una guía didáctica para los centros educativos que incluirá testimonios personales de víctimas del terrorismo para hacer partícipes de ellos a los escolares, dentro de los compromisos en materia de educación para la paz.

Derechos políticos

También informó a los partidos de que la Ley de Solidaridad, aprobada en el Congreso en 1999, pero inexistente en Euskadi hasta la fecha, en la que ha empezado a trabajar el grupo ya constituido al efecto, revisará la cobertura en el terreno material de las prestaciones tanto económicas como sanitarias o educativas, pero incorporará igualmente un catálogo de derechos políticos o morales de las víctimas en relación con su reconocimiento y su dignificación.

La ponencia de Víctimas tuvo una constitución problemática por el intento de algunos grupos de incorporar a ella a los afectados por todo tipo de violencia, incluidos los denunciantes de supuestas torturas, los presos de ETA o los afectados por excesos policiales. El PSE y el PP amenazaron con no participar en ella si no quedaba claro que sus trabajos se restringirían a las víctimas del terrorismo. Finalmente, así se acordó y EHAK se apeó del grupo de trabajo, a cuya primera reunión sí asistió.