Las bandas de São Paulo ponen fin a la revuelta tras pactar con las autoridades

Una serie de llamadas telefónicas realizadas por los cabecillas de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) pusieron fin ayer a cuatro días de terror en la ciudad de São Paulo y en varias cárceles de Estado brasileño del mismo nombre, que se han saldado con 133 muertos y más de 100 detenidos, además de millones de dólares en pérdidas. El Gobierno de São Paulo negó que hubiera negociado con los delincuentes ninguna medida de gracia; sin embargo, los medios locales daban los detalles del acuerdo alcanzado para terminar con la revuelta.

A primera hora de la mañana y casi de una manera simultánea, los prisioneros de 87 cárceles liberaron a los más de 300 rehenes que tenían en su poder y volvieron a sus celdas. Para ese momento, los habitantes de São Paulo, la ciudad más grande del hemisferio sur, trataban de retomar la normalidad después de una noche marcada por el miedo a que se repitieran los incidentes que desde el viernes habían convertido las calles de la megalópolis en un campo de batalla al caer el sol.

Una situación a la que no han podido hacer frente los 130.000 policías a las órdenes del Gobierno de São Paulo. Hasta la tarde de ayer se habían contabilizado 274 ataques contra bancos, centros comerciales, vehículos y comisarías. Entre las víctimas mortales hay 22 policías militares, 9 policías civiles, 8 agentes de prisiones y 4 civiles tomados como rehenes. En teoría, los demás de la lista son delincuentes, aunque ayer se produjeron denuncias sobre disparos indiscriminados realizados por las fuerzas de seguridad.

Tras rechazar la ayuda de 4.000 agentes especiales ofrecida por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador de São Paulo, Claudio Lembo, veía cómo en la noche del lunes (madrugada de ayer en España) la situación volvía a estar fuera de control. Entre tres y cinco millones de personas trataban de regresar a sus domicilios por cualquier medio después de que seis empresas de autobuses ordenaran a sus conductores volver a las cocheras para evitar los ataques con bombas incendiarias, que destruyeron más de 60 vehículos. Numerosos colegios recomendaron a sus alumnos marcharse a casa pasado el mediodía y los locales comerciales -incluidos los situados a pocos metros del Ministerio de Seguridad Pública- adelantaron la hora de cierre. El sistema de telefonía móvil quedó colapsado ante el aumento de las llamadas debidas a que los habitantes de la ciudad trataban de averiguar dónde se encontraban sus familiares. Los restaurantes, cines y lugares de ocio quedaron vacíos y apenas había tráfico por las calles de la ciudad, normalmente atestadas a cualquier hora.

A pesar de la negativa oficial, las emisoras de radio y televisión informaban prácticamente al minuto de la marcha de las negociaciones con los líderes del PCC, y ayer a primera hora la organización criminal desactivó la protesta. Entre otras condiciones, a los delincuentes se les garantizó que las fuerzas de choque de la policía no entrarían en las cárceles para acabar con los motines, que se relajará el régimen de visitas de los familiares a las cárceles y que se aplicará un "régimen de adaptación" (unas condiciones menos duras) a los 765 prisioneros que iban a ser trasladados a un penal situado a 620 kilómetros al oeste de la capital, hecho que dio comienzo a la revuelta. Con este traslado, las autoridades penitenciarias trataban de obstaculizar la planificación de las acciones del crimen organizado que protagoniza el PCC.

"Me cuesta creer que en un Estado como São Paulo, el más rico de la federación, la capital económica del país, sea necesario negociar para alcanzar la tranquilidad de la población. El Estado no puede acobardarse ante la presión de los marginales", subrayó Pedro Franco de Campos, ex ministro de Seguridad de São Paulo, quien añadió que "esto se veía venir".

El director del Departamento Estatal de Investigación del Crimen Organizado (DEIC), Godofredo Betancourt, añadió que la estrategia que se ha seguido en la crisis no es la acertada ya que, en su opinión, se pone "demasiado" empeño en atender las demandas de los presos en las cárceles. "Llegó un momento en el que la propia Secretaría del Interior percibió que los presos querían mucho más de lo que se les podía dar. En ese momento percibimos ciertos movimientos y decidimos aislar a los cabecillas… para evitar justamente lo que ha terminado pasando". Un portavoz de la policía negó ayer tajantemente cualquier negociación y recalcó que el fin de la revuelta se ha debido exclusivamente a la actuación policial.