Botella con mensajes

La entrevista con dos dirigentes de ETA publicada en Gara el pasado domingo reitera el repertorio doctrinal y propagandístico del nacionalismo vasco radical; la principal novedad son algunas ominosas puntualizaciones sobre el carácter reversible y limitado del alto el fuego anunciado el 22 de marzo. Las interminables declaraciones también parecen una botella arrojada al mar con mensajes distintos enviados a públicos diversos. Según el Gobierno, el objetivo principal de la entrevista sería tranquilizar a los sectores radicales más desconcertados con la tregua; apoyaría esa hipótesis el lugar de honor ocupado en sus páginas por la izquierda abertzale, entendida como el conjunto de los activistas del entramado organizativo de ETA en su sentido más amplio y de las decenas de miles de electores que votan a Batasuna. Sin embargo, los elogios del brazo armado al brazo político del terrorismo equivalen a los piropos lanzados al espejo por los narcisos.

Hay otros destinatarios de recados castigados, en cambio, con un trato bien diferente. El PNV recibe una fuerte reprimenda -"sigue sin salir del remolino de su ambigüedad histórica"- por las críticas de Imaz al nacionalismo radical, por su ausencia de la manifestación del 1 de abril en Bilbao y por sus acercamientos al Gobierno. También son zurrados a conciencia los socialistas vascos y navarros, acusados de "bailar al son" de Zapatero y de continuar "a la sombra de la política marcada desde La Moncloa", en lugar de negociar la mesa de partidos con Batasuna. Los entrevistados se muestran muy decepcionados con el Gobierno, que no habría cumplido las expectativas suscitadas por el alto el fuego: "ETA ya ha realizado su principal aportación al impulso del proceso" con la declaración de la tregua y ahora les corresponde a los demás agentes "concretar sus compromisos". La frase de Zapatero sobre el largo, duro y difícil período recién abierto ocultaría "la voluntad de atrasar los pasos" sucesivos.

La conjetura de que el paso a dar aludido por los encapuchados sería un eventual acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco -al igual que hizo el Ejecutivo de Aznar en la tregua de 1998- parece infundada. Las medidas del Gobierno para acabar con la "dispersión exterminadora" de los reclusos sólo significaría "desactivar una pieza de la situación de excepción" a la que se hallan sometidos medio millar de reclusos. La amnistía y la excarcelación de esos "militantes políticos", que no se hallarían en prisión a causa de sus crímenes sino por "sus servicios a Euskal Herria", sería "una condición democrática imprescindible" para iniciar el proceso.

Tampoco las precisiones de los dos dirigentes entrevistados por Gara sobre las fronteras de la tregua apoyan las predicciones optimistas sobre un inmediato abandono de las armas por los terroristas. El carácter irreversible del alto el fuego de ETA sólo puede predicarse de su "compromiso con el proceso" y de su "voluntad para superar el conflicto"; no afecta, en cambio, a las decisiones operativas futuras de los terroristas, condicionadas por la puesta en marcha efectiva del "proceso democrático" diseñado por el nacionalismo radical, que por lo pronto exige al Gobierno "desterrar los comportamientos represivos", esto es, las detenciones policiales y judiciales ("los secuestros") especialmente cuando se trata de "representantes de la izquierda abertzale" nombrados como interlocutores.

Además de reversible y condicionado, el alto el fuego del 22 de marzo tampoco posee alcance universal: ni los disturbios de la kale borroka ni las extorsiones de los impuestos revolucionarios tienen un lugar indiscutible en su ámbito protector. Si bien ETA rechaza "la paternidad" de los atentados de Barañáin y Getxo posteriores a la declaración de la tregua, tampoco acepta llevar a cabo "labores de bombero" para impedir ese tipo de estragos: mientras siga vigente el "estado de excepción" (esto es, el funcionamiento constitucional del Estado de Derecho), tales reacciones estarán justificadas como una "manifestación del enfado y de la respuesta popular". La "liberación de Euskal Herria" origina "necesidades económicas" que deberán ser cubiertas también durante la tregua; al fin y al cabo, los poderes del Estado "roban" miles de millones a la izquierda abertzale a través de las fianzas judiciales y las multas.