Los jueces piden una oficina especial para los miles de afectados

La avalancha de denuncias de clientes de Afinsa y Fórum Filatélico ha llevado a los jueces que investigan esta supuesta estafa masiva a pedir "la creación urgente" de una oficina judicial de apoyo. Los jueces Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska formularán previsiblemente hoy esta petición ante la presidencia de la Audiencia Nacional para que, a su vez, la eleve ante el Consejo General del Poder Judicial. Sólo el juez Pedraz, instructor del caso Afinsa, tiene en este momento sobre su mesa más de 2.000 denuncias de afectados. Pero hay otras muchas en los juzgados de Madrid y de otras ciudades españolas. "Si los jueces se dedicaran ahora a despachar las miles de peticiones de personación en el proceso, tendrían que descuidar las investigaciones penales abiertas", señalan fuentes jurídicas. La idea es que esa oficina entre en funcionamiento "cuanto antes" y que al frente de ella, para recibir los escritos de personación de los damnificados, haya un secretario y tres funcionarios, todos ellos bajo la supervisión de los jueces pero descargándoles, al menos de momento, de ese trabajo.

"Lo que hay que hacer ahora es buscar el dinero y recuperarlo", dice el abogado Ayllón

Ambos jueces han decidido también crear una página web que sirva como cauce de comunicación entre ambos juzgados y los miles de afectados. La idea sería facilitar a las partes una clave de acceso a la web, en la que ambos juzgados exhibirán sus resoluciones. "Así se evitaría tener que hacer miles de fotocopias para cada resolución", indican fuentes de la Audiencia Nacional.

Tras la irrupción inicial de la policía en las sedes de ambas sociedades, una comisión judicial del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Pedraz, comenzará hoy una serie de visitas por las distintas sedes y domicilios de Afinsa, que serán desprecintadas, para inspeccionar la documentación contable y material existente. Al frente de esa comisión, integrada por seis equipos con funcionarios y expertos financieros, estará la secretaria del juzgado. La visita de hoy se centrará en tres de las sedes de que dispone esta firma filatélica. Según un informe de la Agencia Tributaria Afinsa tenía un agujero de 1.100 millones de euros y 144.000 afectados a finales de 2004.

Tanto Afinsa como Fórum disponen desde ayer de sendos administradores judiciales, cargos que han recaído en expertos de la Agencia Tributaria. La misión de éstos será evaluar la situación económica de ambas sociedades e informar a los jueces. Éstos se encargarán de dirigir ambas sociedades hasta que los jueces les revoquen tales facultades.

Paralelamente, dos juzgados de lo mercantil de Madrid, el 6 y el 7, se han hecho cargo de las solicitudes de afectados en las que se insta la administración concursal de Afinsa y Fórum Filatélico, respectivamente. Fuentes jurídicas afirman que el juzgado 6 ha admitido la solicitud y que lo previsible ahora es que designe una administración concursal en Afinsa. Esta administración estaría formada por un abogado con más de cinco años de ejercicio, un auditor o economista y un acreedor que, tal como marca la ley, debe ser titular de un crédito ordinario. La misión de la administración concursal sería inventariar el patrimonio de Afinsa, cotejar sus masas patrimoniales activas y pasivas y confeccionar la lista de acreedores. El objetivo último, repartir los bienes que queden entre los acreedores. A diferencia de lo que ocurría antes, los procesos penales que hay en la Audiencia no implican la suspensión de la acción concursal que desarrollan los citados juzgados mercantiles.

La decisión de los jueces Pedraz y Grande-Marlaska de instar la creación de una oficina de apoyo satisface al abogado José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, que en la actualidad aglutina a unos 100 afectados de Afinsa y Fórum en toda España. Ayllón y el también abogado Manuel Murillo, que defiende a una familia de damnificados, han intentado, sin éxito hasta ahora, personarse en los procesos. Ambos presentaron ayer un escrito ante el Consejo del Poder Judicial en el que piden "que se dote de medios cuanto antes a ambos juzgados" para afrontar "esta compleja investigación". Murillo y Ayllón opinan que el Estado debe responder subsidiariamente de esta estafa. "El Estado, y también algunos políticos, tienen responsabilidad por no haber desarrollado mecanismos legales para evitar este fraude, por culpa in vigilando", explicó ayer Murillo. Para Ayllón, es "fundamental la pronta personación de los afectados en las diligencias para que puedan colaborar en la investigación a través de sus letrados". "Si se ponen los recursos, es posible recuperar gran parte del dinero; ahora lo importante es buscar el paradero de los millones", señala Ayllón, y añade: "Ante esta descomunal estafa, lo primero que tienen que hacer los afectados es asociarse". Recuerda Ayllón que en el macroproceso sobre el consumo de aceite adulterado, "el de la colza, el Tribunal Supremo aceptó la responsabilidad del Estado merced al recurso de una de las 20 asociaciones personadas en la causa. No es malo que haya muchas asociaciones".

Los también abogados Andrés Vilacoba y Eduardo Parra presentaron ayer una querella contra Afinsa en el Juzgado Central 1 por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida.