Ciutat Vella precinta 13 pisos sobreocupados y ordena el cese de actividad de otros 13

El distrito de Ciutat Vella ha precintado en el último año 13 pisos sobreocupados, pensiones ilegales conocidas como pisos patera, y ha ordenado el cese de actividad de otros 13. Son las intervenciones que han acabado en expediente, que representan una parte de las comprobaciones que hacen técnicos de Ciutat Vella cuando reciben quejas o advierten irregularidades. La información llega a través de asociaciones, entidades y de las comunidades de vecinos, que ven cómo de un mismo piso entra y sale un número de personas excesivo. El problema se acentúa en el Raval.

No hay una cifra exacta para saber cuándo un piso está sobreocupado. El padrón de Barcelona remite una comunicación de alerta cuando hay inscritas más de 15 personas en un mismo domicilio, pero otras relaciones que se manejan son de un mínimo de espacio vital a razón de una persona por cada 10 metros cuadrados. Lo determinante son las condiciones sanitarias y de habitabilidad de las viviendas, si se han construido tabiques para compartimentar habitaciones, o incluso si se han reformado patios o terrazas para aprovechar al máximo el espacio.

"Habitualmente, esas cosas son detectadas y observadas por los vecinos, que suelen ser quienes dan la voz de alarma en las reuniones de la comunidad y de las entidades", explica Gerard Capó, responsable del programa de intervención de prevención social del distrito. El programa se creó en 2003, se ha reforzado en el último año y se ampliado a las ocupaciones intensivas de plazas y espacios públicos.

Capó, otros dos técnicos, una inspectora y dos agentes de la Guardia Urbana forman el equipo que tiene que comprobar si realmente hay sobreocupación. "A veces vas a una casa y ves que no se trata de una pensión ilegal, sino que en ella viven dos familias. Si hay deficiencias sanitarias o de otro tipo se les insta a repararlas, sobre todo a adecentar las viviendas, y se hace un seguimiento", explica. En esos casos no se abre ningún tipo de expediente.

Añade Capó que es bastante fácil discernir cuándo se trata de una vivienda compartida por miembros de una familia extensa o es una pensión encubierta. "Las pensiones suelen estar más compartimentadas, de modo que en una misma habitación hay, por ejemplo, cuatro literas. Los armarios, la distribución de los enseres y, además, los propios ocupantes explican lo que pagan y exactamente para qué", apunta.

El Raval y la Barceloneta

Las pensiones se encuentran en pisos más bien pequeños -por lo general de tres habitaciones- y el pago suele ser por cama, a veces por habitación. Los técnicos cuentan que la rotación por la misma cama, conocida como cama caliente, no se suele dar, salvo de excepcionalmente. El problema se acentúa en el Raval y en menor medida en la Barceloneta.

Cuando reciben una queja u observan señales de que puede haber pisos sobreocupados, estos técnicos van a comprobarlo acompañados de dos agentes de la Guardia Urbana: "Es la única forma de poder entrar en las viviendas". Añade que muchas veces tienen que volver porque no hay nadie o quien contesta alega que el propietario es otro. En el 95% de los casos en que se comprueba que hay sobreocupación se trata de pensiones ilegales, no de viviendas compartidas por una misma familia. "Es verdad que hay propietarios de las viviendas o titulares de los contratos de alquiler de los pisos sobreocupados que son inmigrantes, pero también los hay autóctonos", señala Capó.

La otra posibilidad de sobreocupación es que las viviendas funcionen como prostíbulos encubiertos por la actividad callejera, sobre todo en la zona de la calle de Sant Ramon. La erradicación de los prostíbulos que no tienen licencia de locales para ese fin y los pisos sobreocupados han sido dos prioridades del concejal de Ciutat Vella, Carles Martí, en un mandato en el que también se han puesto en el punto de mira los llamados apartamentos turísticos que carecen de licencia. Esta suma de actividades se da de forma preferente en Ciutat Vella.

Capó admite que la tramitación de los expedientes no es rápida, el mínimo son dos meses. "Las inspecciones hay que repetirlas más de dos veces, luego se hace una propuesta de intervención o sanción, se informa al afectado y finalmente se le notifica", comenta. El precinto de un piso no es garantía de que no vuelva a funcionar en la actividad anterior. Primero, porque a veces se rompe el precinto -eso ha ocurrido en dos ocasiones en el último año- y segundo, porque el precinto no es de por vida. Es decir, se suspende la actividad a un determinado titular -bien propietario o arrendatario-, pero si hay un cambio de titularidad y el piso cambia de nombre, la orden de precinto decae. Por ello, la rueda puede volver a girar otra vez.