Uno de los condenados por una estafa a inversores alaveses recurre al Constitucional

José Javier López de Landache, uno de los dos condenados a ocho años de prisión y a devolver casi 600.000 euros a 21 ahorradores alaveses que perdieron su dinero en la gestoría Erne de su propiedad, ha recurrido en amparo al Constitucional para impedir la ejecución de la sentencia. La condena por apropiación indebida a Landache y a su socio, José Ramón Sáenz de Maturana fue ratificada por el Supremo. El 13 de marzo, el juzgado comunicó la muerte de Maturana. Landache, que tiene embargados bienes por 190.000 euros, considera vulnerados sus derechos.

Los socios de la gestoría Erne, que a su vez lo eran de la mercantil River Joyeros y de la sociedad Vigama SA, prometieron a sus clientes entre 1980 y 1990 una rentabilidad del 9% por sus inversiones, muy superior a la que ofrecían cajas y bancos. El negocio fracasó y centenares de clientes que les habían confiado sus ahorros los perdieron. Sólo los denunciantes, unos 21, perdieron alrededor de 1,2 millones de euros.

Fuentes jurídicas interpretan que Landache quiere ganar tiempo con el recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos debido a los continuos retrasos de la causa. La muerte del segundo condenado complica el cobro de dinero por los afectados, ya que primero hay que aclarar como queda su herencia, y después que los herederos la acepten. Maturana tenía todos sus bienes embargados. La sentencia fijó que el pago de las deudas es solidario.

Aunque el Constitucional todavía no ha resuelto el recurso, podía haber decidido ya de estimarlo oportuno suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia. Las mismas fuentes interpretan que el hecho de que el proceso siga adelante supone de hecho una confirmación de las sentencias.

10 años de instrucción

Sin embargo, también aprecian alguna ventaja en este momento del proceso para el penado. Como la resolución de la declaración de herederos de Maturana puede ser muy lenta, Landache podría intentar llegar a acuerdos con sus acreedores para reducir la deuda o demorar en caso contrario los pagos.

Tanto la Audiencia Provincial alavesa como el Supremo condenaron a los dos socios de Erne, pese a la fiscalía pidió el archivo de las actuaciones. El caso se juzgó en 2003, después de una década de instrucción, en la que se produjeron numerosas irregularidades.

La primera denuncia contra Erne o alguno de sus dos socios fue presentada en 1992 y desde esa fecha fueron sumándose nuevos demandantes. Entre aquel año y el de la celebración del juicio, incluso murió alguno de los querellantes originales. Fueros sus herederos los que finalmente se sentaron en la sala de vistas.

Tanto Landache como Maturana llegaron al juicio con sus bienes conocidos embargados. En concreto, un auto dictaminó en 2001 el embargo por 510.000 euros para asegurar sus responsabilidades. A Sáenz de Maturana se le embargaron bienes por 320.000 euros, y a Landache por otros 190.000. A éste último se le retuvo además una parte proporcional del sueldo, un inmueble de su propiedad y varias cuentas corrientes y de ahorro, hasta completar la cantidad señalada.

El negocio de Erne, Gestora de Inversión y Servicios SA funcionó a pleno rendimiento durante la década de los 80, pero a principios de los 90 se hundió definitivamente.

Según consta en el propio sumario, Landache reconoció en conversaciones privadas con algunos de los ahorradores que le habían confiado sumas de hasta 150.000 euros, que todo el problema se derivaba de "una desafortunada inversión inmobiliaria" en las islas Canarias. Se refería a una compra que Vigama S A hizo en Las Palmas en 1986 con el objetivo de edificar un inmueble. En 1991 no tenía ni un ladrillo puesto.

El precio que pagó por esa parcela ascendió a 2,7 millones de euros. Los vendedores, un matrimonio de las islas, la había comprado 21 meses antes por 750.000 euros. En menos de dos años había generado unas plusvalías para los vendedores de casi dos millones de euros. Esa operación apenas si se investigó durante el proceso.